El Partido Animalista PACMA ha presentado una denuncia formal contra el Ayuntamiento de Uceda (Guadalajara) por su falta de actuación tras los incidentes registrados el pasado 3 de febrero durante una montería. La formación política acusa al consistorio de no aplicar sanciones ni medidas de control tras la irrupción de varios perros de caza sin supervisión en las zonas más próximas al núcleo urbano de la localidad.
Durante aquella jornada, los vecinos alertaron de la presencia de canes ensangrentados deambulando por las calles y del abandono de cadáveres de animales en el entorno. Además, los residentes sufrieron el sonido de disparos a escasa distancia de sus viviendas y escucharon la agonía de los animales, generando un clima de inseguridad y alterando gravemente la convivencia.
A pesar de las quejas vecinales y de que el propio Ayuntamiento reconoció el acceso de los perros al área urbana, la administración local se limitó a trasladar su malestar a los responsables del coto. PACMA advierte que esta pasividad omite la obligación municipal de ejercer labores de inspección y vigilancia, lo que podría constituir infracciones a la Ley 7/2020 de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha. La normativa autonómica exige las mismas condiciones de seguridad y control para los perros de rehala que para cualquier otro animal.
Evolución del caso local
La denuncia actual materializa las advertencias lanzadas a principios de año en este municipio de la campiña alcarreña. Ya en febrero de 2026, los episodios vividos en las calles de Uceda provocaron una fuerte condena pública debido a la crudeza de las escenas documentadas a plena luz del día, marcando un punto de inflexión en la tolerancia vecinal hacia las irregularidades de la caza.
Tal y como refleja la cobertura previa, este conflicto evidencia la tensión existente entre el desarrollo de la actividad cinegética y la seguridad ciudadana en las áreas rurales de Guadalajara. La falta de apertura de procedimientos sancionadores por parte de la corporación municipal ha transformado lo que comenzó como una denuncia vecinal por falta de control animal en una acusación directa de inactividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico.
