La reunión celebrada ayer entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca terminó sin acuerdo ni compromiso alguno por parte del PSOE de poner coto a los desahucios que la Sociedad de San Vicente de Paul está promoviendo en el barrio. La moción que el grupo municipal socialista presentado en 2018, cuando estaba en la oposición, no será cumplida ahora que dirige el Equipo de Gobierno, y ninguna de las previsiones de la misma (asesoramiento a las familias adjudicatarias de las viviendas e intermediación con la Junta para su cesión) será llevada adelante.Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncian que existen en el barrio dos problemáticas: la de los inquilinos y las familias que viven en esas viviendas desde su primera adjudicación y la de las personas que han sido realquiladas bajo contratos de alquiler no declarados, pero con posterioridad . Todas ellas en riesgo de desahucio y donde el 12 de noviembre están previos los tres primeros lanzamientos, aunque uno de ellos se encuentra en suspenso, al haber formulado los inquilinos oposición judicial al mismo.
La Plataforma, que celebró una rueda de prensa a la salida de la reunión, admitió a través de una de sus portavoces que “el contenido de la moción ha caído en saco roto” y que los compromisos que asumió el PSOE en su momento no van a ser cumplidos.
Convocatoria de movilización el 12 de noviembre
Asimismo, los portavoces han hecho un llamamiento a “parar en la calle lo que no para la Administración” convocando a una concentración el próximo 12 de noviembre, fecha limitada para los tres lanzamientos, en el mismo Barrio del Alamín, desde primerísima hora de la mañana
La Sociedad de San Vicente de Paul, promotora de estas viviendas protegidas desde 1966, y que debería haber transmitido la propiedad de las mismas a sus adjudicatarios desde 1993, percibe subvenciones y patrocinadores no declarados e ingresos por los alquileres abonados, de los mismos no tributa por ninguno de ellos.
Además, ninguno de esos alquileres se encuentra depositado ante la Consejería de Fomento, depósito obligatorio desde 1985. La entidad, según una entrevista concecida al diario ” La Tribuna de Guadalajara “, ha puesto el precio a las viviendas: que quien las adquiera asuma ” gastos “que dicen haber tenido, obviando que la mayoría de ellos fueron subvencionados.
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