Está a la vista del mundo que Chile necesita un nuevo pacto social, lo cual significa una reforma total de su Constitución nacional, pues solo un nuevo texto constitucional tiene la potencia para satisfacer el ensordecedor reclamo, no por “nuevos” derechos (ambientales o de género, por dar algún ejemplo), sino por el reconocimiento de derechos básicos como a la educación, a la salud o a la seguridad social que no están reconocidos ni asegurados para todos en el actual diseño constitucional chileno.
Es decir, se trata de temas elementales que la Constitución chilena -pensada, diseñada y sancionada en la plenitud de la dictadura pinochetista- no reconoce ni garantiza a las personas, en tal sentido sería un error suponer que la protesta del pueblo chileno solo se dirige contra un Presidente coyuntural.
La protesta es contra un modelo constitucional que convalida un sistema de privilegios hacia una élite y no le reconoce derechos básicos a la mayoría. La misma élite que sostuvo al dictador Pinochet en el poder político como senador vitalicio luego del retorno de la democracia, y que a su vez ha sometido a un modelo económico de exclusión permanente a ese pueblo que de repente ha dicho basta, reclamando en la calle una verdadera democratización de su constitución nacional, y en consecuencia, generando un autentico momento constituyente de tipo social.
¿Qué quiere decir exactamente esto? Lo explicaré muy brevemente.
Significa que Chile se encuentra en las puertas de un momento histórico de alta fertilidad constitucional, para que se entienda mejor: una reforma constitucional puede producirse de dos maneras, motivada por un reclamo popular que exige cambios y transformaciones institucionales, económicas y políticas, o a partir de intereses y acuerdos originados en y por los niveles del poder (pacto de Olivos que generó la reforma constitucional argentina en el año 1994), por tal razón es que se afirma que una reforma constitucional puede nacer de abajo hacia arriba o a la inversa.
Ese momento de fertilidad constitucional es muy importante porque no solo enmarca y orienta ideológicamente -en tanto define prioridades y derechos a reconocer y tutelar- sino también porque propone nuevas estructuras y relaciones de poder.
Opinión de Guido Risso. Doctor en Ciencias jurídicas y Especialista en Constitucionalismo. Profesor adjunto regular de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires.
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