La situación económica de Castilla-La Mancha lleva un rumbo preocupante. Atendiendo al último dato publicado de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el primer trimestre del año en la región hubo 12800 personas menos trabajando y 9000 personas más han engrosado las listas del paro1, alcanzándose una tasa de paro (14,27%) por encima de la media nacional.
Estos datos negativos sobre la evolución de la economía regional no llegan precisamente en buen momento para los castellanomanchegos. A finales de ese mismo trimestre, los precios generales en la región se encuentran disparados, y su subida anual (inflación) roza prácticamente el 12% según el Índice de Precios al Consumo (IPC). Y, si el incremento generalizado de los precios ya es alarmante de por sí, más alarmante aún es el que se ha producido en los precios de determinados grupos clave de bienes y servicios que podrían considerarse de primera necesidad: la cesta del supermercado (alimentos y bebidas no alcohólicas) ha subido un nada despreciable 7%, el coste de la vida (vivienda, agua, energía y combustibles) un desorbitado 44,1% y el transporte un también considerable 19,3%.
En esta situación los ciudadanos de Castilla-La Mancha se ven con el agua al cuello: las familias han perdido poder adquisitivo, han tenido que reducir su consumo y les cuesta más llegar a final de mes; y los autónomos y empresas han sufrido un incremento de sus costes, una reducción de sus ingresos y pierden rentabilidad y competitividad. ¿Las consecuencias de todo esto? Como ya se ha visto en los párrafos anteriores, algunos agregados económicos ya muestran un resentimiento visible, la actividad y el crecimiento económicos se ralentizan y es posible percibirlo en el ambiente y el resto de los indicadores económicos dan señales de debilidad. Y quedarían aún por valorar las consecuencias sociales y la pérdida de bienestar de los castellanomanchegos que lo están pasando mal.
En este panorama la responsabilidad económica, social y política pasa por incrementar la renta disponible de los ciudadanos, por conseguir que haya más dinero en el bolsillo de las familias y en las cuentas de autónomos y empresas. Sin entrar en todos los detalles que indican los manuales de la Ciencia Económica al respecto, nuestros gobernantes tienen dos formas de hacer esto dentro de lo que denominaríamos una política fiscal expansiva: aumentar el gasto público o bajar los impuestos. La primera vía se encuentra seriamente limitada puesto que supone sobrealimentar la ya desproporcionada subida de los precios y está supeditada al estado de las cuentas públicas, en una región en la que la deuda pública por habitante no ha hecho sino crecer en los últimos años y que se sitúa como la segunda de España con mayor peso de la deuda respecto al Producto Interior Bruto (PIB). Así que, como muchos habrán podido constatar en plena campaña de la declaración de la renta, lo factible, lo correcto y lo que hace falta es bajar los impuestos.
Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page en cabeza, ha optado por la peor combinación posible para nuestra región: continuar con la escalada del gasto público en cuestiones discrecionales y de discutible utilidad productiva, social y económica y, además, subir los impuestos. Ha escogido seguir con la subida de precios, seguir perjudicando las cuentas públicas y seguir poniéndoselo difícil a los castellanomanchegos. Ya sea por falta de capacidad para gobernar o de manera intencionada, el PSOE ha puesto sus intereses políticos por delante de los intereses de los ciudadanos de la región a los que se debe.
Y la toma de esta decisión no puede achacarse a la falta de alternativas. Frente a la postura anterior existen otras propuestas, como las que hacen el Partido Popular de Castilla-La Mancha y Paco Núñez de bajar el tramo autonómico del IRPF, bajar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y anular el impuesto del agua. Unas propuestas más acertadas y con fundamento económico y social, que ya han sido llevadas a pleno pero que se han encontrado con el voto en contra de los socialistas hasta en 18 ocasiones.
Es una pena que en el momento en el que las familias, los autónomos y las empresas de Castilla-La Mancha luchan por no ahogarse, frente al salvavidas que el PP y Paco Núñez constantemente intentan lanzar, el PSOE y Page hayan optado por ponerles más lastre.
Opinión de Daniel Martinez Batanero. Secretario Análisis Económicos NNGG Guadalajara
