La portavoz del grupo municipal, María José Pérez Salazar, ha mostrado su preocupación ante la situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial en la que se encuentran muchas familias debido a la compleja realidad socioeconómica, de un lado y debido a ello, a la aparición de fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de esas personas, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad.
Esto hace, prosigue Pérez, que muchos propietarios legítimos se vean desposeídos de sus viviendas y desprotegidos ante semejante situación porque en nuestro ordenamiento jurídico no hay ninguna legislación que regulen el desalojo. Sólo les queda la vía judicial para recuperar su propiedad.
De ahí que haya señalado la necesidad de cumplir los dos acuerdos de su moción:
- Creación urgentemente una bolsa pública de viviendas en régimen de alquiler social, gestionada directamente por el Ayuntamiento, para atender a los casos de verdadera necesidad, lo que frenaría la proliferación de mafias en el municipio que viven de la necesidad ajena.
- Instar al Gobierno Central para que articule, de manera urgente, los mecanismos necesarios, siempre dentro del marco legal, que permitan a la distintas Administraciones actuar contra las mafias y devolver las viviendas a sus legítimos propietarios ya sean primeras, segundas o viviendas en desuso, sin necesidad de que estos tengan que recurrir a los tribunales para demostrar su derecho sobre la vivienda.
Las administraciones tienen la obligación, por un lado, de elaborar protocolos y planes para garantizar políticas públicas en materia de vivienda, medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los responsables de los servicios sociales en el ámbito autonómico y local, al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial, y por otro, proteger a los legítimos propietarios porque la ocupación ilegal, esa ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de ella.
La portavoz de la formación de izquierdas asegura que vigilará muy de cerca el cumplimiento de estos acuerdos para que no caigan en el olvido, como ha sucedido en muchas ocasiones. Considera que se trata de un problema muy serio que padece el municipio y al que hay que dar urgentemente solución.
