El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo, “tal y como exige la reforma de la ley del aborto aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023”, según ha señalado hoy la consejera Portavoz, Esther Padilla.
En este sentido, Padilla ha informado a los medios de comunicación de que esta medida se aplicará especialmente a las personas profesionales de medicina y enfermería, tanto en el ámbito público como privado, “que son quienes están directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo”, tal y como ha especificado.
El primer objetivo del decreto es crear y regular este registro para profesionales sanitarios, así como establecer el procedimiento para la declaración de la objeción de conciencia, que consistirá, según Padilla, en que “todo aquel profesional sanitario que no desee realizar dicha intervención deberá presentar con carácter previo una declaración escrita de objeción de conciencia”, medida que se hará de manera individualizada ante la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia.
En concreto, la consejera ha detallado que se presentará mediante el envío telemático a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es
La portavoz regional ha hecho hincapié en que este registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal, a la vez que ha aclarado que “únicamente las direcciones de cada Gerencia sabrán cuales de sus médicos se acogen a este registro de objeción de conciencia; ya que uno de los objetivos es, precisamente, facilitar este listado para conocer la disponibilidad de médicos o enfermeras disponibles para interrumpir embarazos”.
La declaración de objeción de conciencia tendrá efectos de forma indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento. Entrará en vigor a los 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castila-La Mancha, que será “previsiblemente el viernes o el próximo lunes”, tal y como ha concluido la consejera.
