El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy la firma del Convenio de Nivel Acordado 2025 del Sistema de Dependencia con el Estado, un acuerdo que garantiza la estabilidad, la calidad y la mejora continua de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia en la comunidad autónoma.
Este convenio, dotado con 80,3 millones de euros cofinanciados al 50 por ciento por ambas administraciones, permitirá mantener y ampliar los servicios y prestaciones que forman parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), beneficiando directamente a más de 80.000 personas.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que “con este convenio reforzamos la red pública de cuidados y garantizamos que la atención a la dependencia siga siendo un derecho de ciudadanía en Castilla-La Mancha, junto a la sanidad, la educación y las pensiones”.
El nuevo acuerdo centra su actuación en tres grandes objetivos, según ha recordado García Torijano. En primer lugar, reducir las listas de espera y agilizar los trámites mediante la digitalización y la simplificación administrativa; en segunda instancia, mejorar la calidad de los servicios con una atención más personalizada, incorporando la teleasistencia avanzada como derecho subjetivo, y, en tercer lugar, otro de los grandes objetivos es el de reforzar la estabilidad laboral en el sector, que genera más de 30.000 empleos, tres de cada cuatro con contrato indefinido.
“Reivindicamos una financiación justa para Castilla-La Mancha”
García Torijano ha destacado el carácter simbólico y político del acuerdo, al recuperar un nivel de cooperación que fue suprimido en 2012 durante el Gobierno nacional del Partido Popular y reanudado en 2021 por el Gobierno socialista. Desde entonces, la inversión autonómica en este convenio se ha multiplicado por 2,5, pasando de 32 millones en 2021 a más de 80 millones en 2025.
“Durante casi una década las comunidades autónomas estuvimos solas. Hoy, y teniendo muy en cuenta que fue un Gobierno socialista quien recuperó este convenio de colaboración, desde Castilla-La Mancha reivindicamos una financiación justa”.
“Actualmente”, ha continuado la consejera, “es un 26 por ciento lo que pone el Estado en materia de dependencia. El resto es financiación autonómica y, por tanto, le seguimos diciendo al Ministerio y al Gobierno de España la importancia que tiene el seguir apostando, como viene haciendo en estos últimos años, pero de una forma más decidida”.
“Por eso reclamamos, desde la lealtad institucional, que el Estado asuma el 50 por ciento real del coste de la dependencia”, puesto que han sido “1.100 millones de euros” los que ha dejado de aportar en los últimos años a la comunidad autónoma para invertirlo en el sistema de dependencia. “Es una cuestión de corresponsabilidad y justicia social”.
Este convenio de 80 millones solamente financia una parte del coste del sistema de dependencia de Castilla-La Mancha. Así el presupuesto global del ejercicio 2025 en la región para la dependencia es de 649 millones de euros, es decir, un 74% por ciento más desde que es presidente el socialista Emiliano García-Page.
Castilla-La Mancha tarda la mitad que la media española en resolver los expedientes
“Castilla-La Mancha resuelve hoy los expedientes de dependencia en 169 días de media, la mitad que el promedio nacional. Somos una de las cuatro comunidades que cumple plenamente los plazos que marca la ley”, ha recordado la consejera.
El Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha cuenta actualmente con más de 112.000 prestaciones activas, programas como el SEPAP-MejoraT en 380 municipios y una red consolidada de teleasistencia avanzada.
El impacto del sector se traduce en más de 30.500 empleos, la mayoría indefinidos, y en un modelo de atención que sitúa a la persona en el centro.
“Detrás de cada ayuda hay una historia: una mujer que puede volver a trabajar gracias al servicio de ayuda a domicilio o un mayor que gana autonomía con la teleasistencia avanzada. Cuidar a quienes nos cuidaron es la mejor forma de construir futuro”, ha resaltado García Torijano.
Con este nuevo convenio, el Gobierno de Emiliano García-Page reafirma su apuesta por una Castilla-La Mancha “más justa, humana y solidaria, consolidando la dependencia como el cuarto gran derecho de ciudadanía, junto a la sanidad, la educación y las pensiones”, ha finalizado la consejera.
