El alcalde de Alcocer, Borja Castro Cervigón, comparecerá el próximo 12 de noviembre en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara. La comparecencia judicial se enmarca en las diligencias previas incoadas el pasado mes de julio para esclarecer la concesión de una licencia municipal de vallado aprobada por la Alcaldía en noviembre de 2022. La investigación penal se centra en la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística, tipificado en el artículo 320.1 del Código Penal, al autorizarse el cerramiento perimetral sobre una parcela calificada como suelo urbano no consolidado sin haber recabado el informe preceptivo vinculante de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Vía judicial e informe del Consejo Consultivo
El origen del procedimiento judicial descansa en las objeciones normativas sobre el cumplimiento del artículo 172.1 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU). Dicha carencia fue advertida en un dictamen emitido el pasado mes de junio por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, órgano que determinó de forma expresa que el permiso otorgado en 2022 carecía del informe autonómico preceptivo previo. Aunque con posterioridad a una inspección del Seprona en marzo se tramitó en julio de este año una nueva resolución urbanística bajo el expediente AP/26/02 para amparar la licencia 238/2026, las acusaciones personadas sostienen que la convalidación posterior no extingue la posible responsabilidad penal derivada del acto administrativo inicial.
Izquierda Unida pide medidas orgánicas al PSOE
A raíz de la fijación de la fecha de declaración, la agrupación de Izquierda Unida en Alcocer, a través de su concejal Manuel del Saz Nieto, ha solicitado formalmente a la dirección del PSOE la suspensión cautelar de militancia del regidor municipal. La formación argumenta que, más allá de la presunción de inocencia que asiste al primer edil y de que el código ético socialista fije la suspensión obligatoria con la apertura de juicio oral, las organizaciones políticas deben asumir decisiones preventivas cuando se investiga el uso de potestades públicas para eludir los mecanismos de control del suelo.
Repercusión en la comarca de la Alcarria ribereña
La citación de Castro trasciende el ámbito municipal al tratarse de una de las figuras políticas con mayor proyección en la cabecera del Tajo, donde ejerce como presidente de la Mancomunidad de Aguas de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y vocal representativo de la comarca en los debates sobre la gestión hídrica y las inversiones del trasvase. La causa abierta en los juzgados de la capital alcarreña abre un escenario de escrutinio sobre la disciplina urbanística y la concesión de licencias en las pequeñas localidades ribereñas, donde el crecimiento de segundas residencias exige un estricto encaje técnico con la normativa autonómica de protección del territorio.
