El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Azuqueca de Henares ha logrado la aprobación unánime de su moción para afrontar la crisis que afecta a la plantilla del Ayuntamiento. Sin embargo, la formación ha denunciado la actitud del alcalde durante la sesión plenaria, acusándole de eludir sus responsabilidades al no ofrecer explicaciones sobre los impagos de productividades ni presentar un calendario de soluciones.
La portavoz de IU, María José Pérez Salazar, lamentó que el regidor no aclarara el contenido del informe de reparo ni la situación económica real de las partidas de personal. Además, la sesión estuvo marcada por la expulsión de la presidenta de la Junta de Personal del salón de Plenos. Pérez Salazar calificó esta medida de profundamente desafortunada y autoritaria, subrayando la contradicción de apartar la voz de los trabajadores exactamente cuando se debatía una iniciativa sobre sus derechos.
Izquierda Unida exige que el respaldo unánime de la corporación se traduzca en acciones inmediatas. Las demandas se centran en la regularización de los pagos pendientes, la convocatoria urgente de la mesa de negociación con los representantes sindicales, la cobertura de vacantes y la aplicación de un plan de choque. La formación advierte que la inacción prolongada no solo vulnera los derechos de la plantilla, sino que merma la calidad de los servicios públicos que reciben los vecinos del municipio alcarreño.
Trayectoria del conflicto laboral
El pulso entre la plantilla y el equipo de gobierno de Azuqueca de Henares responde a un deterioro progresivo de las relaciones laborales en el consistorio. A lo largo de los últimos ejercicios, la actualidad local ha estado marcada por quejas recurrentes vinculadas a la falta de personal, la no cobertura de plazas estructurales y la tensión presupuestaria en el área de recursos humanos. Estas carencias han derivado en movilizaciones previas y en un clima de descontento generalizado entre los empleados públicos.
La aprobación de esta moción marca un punto de inflexión en la evolución de la crisis. El conflicto ha trascendido las quejas internas o sindicales para convertirse en una prioridad política respaldada por toda la corporación municipal. Esto evidencia que el problema ya no puede abordarse con simples declaraciones institucionales, sino que requiere una reestructuración de fondo en la gestión del personal para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento y recuperar la normalidad democrática y laboral en el municipio.
