El grupo municipal critica que el alcalde firmara un decreto para ocupar plazas de mayor responsabilidad sin el correspondiente proceso selectivo, para después anularlo por «falta de informes preceptivos».
El grupo municipal de Izquierda Unida en Azuqueca ha calificado de «escándalo» la firma de un decreto por parte del alcalde que permitía el nombramiento de personal funcionario interino en puestos de mayor responsabilidad sin haber realizado los procesos selectivos requeridos. La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, manifestó su asombro ante la anulación del mismo decreto tan solo cuatro días después de su firma.
Según la formación, el decreto permitía que un número de funcionarios interinos pasaran a ocupar puestos de los grupos A1 y C1, de mayor complejidad y responsabilidad, sin un proceso de oposición libre o promoción interna previo. Pérez Salazar declaró que esta acción se produce apenas dos días después de que se hicieran públicas otras presuntas irregularidades en otro proceso que derivaron en una querella contra el alcalde.
Izquierda Unida argumenta que la justificación de «razones de urgencia para dar cobertura a plazas vacantes», esgrimida en un informe técnico, no constituye un motivo jurídico válido para vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. A pesar de ello, «al parecer al alcalde le parecieron motivos suficientes para firmar el Decreto».
La portavoz citó el artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que regula la figura de los funcionarios interinos por razones de necesidad o urgencia, pero que «en ninguno de sus apartados establece que una persona funcionaria interina […] pueda pasar […] a un nivel superior sin que se haya producido una prueba selectiva». Además, aludió a numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que dictamina como ilegales estos nombramientos al suponer un cambio de nivel sin haber superado las pruebas correspondientes.
Desde la formación de izquierdas se insiste en que cualquier nombramiento en la Administración debe realizarse a través de los procesos selectivos legalmente previstos para garantizar la igualdad de oportunidades. «Es obligación de cualquier administración velar por procedimientos fundamentados en los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad», recalcaron.
Finalmente, Pérez Salazar consideró que si bien la firma de un decreto que vulnera principios constitucionales es grave, «más grave es aún el hecho de que los anule cuatro días después ‘por falta de informes preceptivos’». «La ilegalidad es manifiesta, pero la inaptitud del Gobierno municipal lo es más y no será porque no está más que advertido», concluyó.
