La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España y la Fiscalía de Castilla-La Mancha han firmado un acuerdo para la constitución de la Mesa Técnica de la Prevención, Intervención y Seguimiento del Acoso Escolar en la Comunidad Autónoma.
Dicho acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha y el fiscal general de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández.
La Mesa Técnica que se constituye tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración regional y la Delegación del Gobierno en representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la mejora de la prevención, detección, conocimiento, intervención y seguimiento de las situaciones de acoso escolar en Castilla-La Mancha.
El fin último de la misma es proceder, en el plazo más breve posible, a la elaboración de un Protocolo o Acuerdo común de actuación contra el acoso escolar.
La colaboración de las partes se articulará en alguna de las siguientes líneas de actuación, como establecer medidas preventivas que fomenten la convivencia positiva, conseguir una coordinación ágil y rápida entre los diferentes agentes implicados, detectar de forma temprana situaciones de acoso, intervenir de manera inmediata y coordinada, asegurar el seguimiento de los casos hasta su resolución y promover la implicación de toda la comunidad educativa.
Para el desarrollo de los trabajos de la Mesa Técnica se creará una comisión mixta con representación de las partes, cuya finalidad será conocer y proponer el desarrollo de las distintas líneas de actuación previstas.
Los trabajos de la Mesa Técnica tendrán un plazo inicial de cuatro años desde su constitución, y finalizarán en su caso, por la Firma del Acuerdo o Protocolo que se elabore, pudiendo prorrogarse antes de la expiración del plazo inicial.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha señalado la importancia de trabajar de la mano para dar una respuesta contundente a los casos de acoso escolar, una lacra con la que curso a curso luchamos y que nos debe exigir a todas las administraciones públicas la colaboración más absoluta.
