Las trabajadoras encargadas de la limpieza en el colegio público Virgen del Amparo, situado en el municipio alcarreño de Torija, acumulan cuatro meses sin percibir sus nóminas. Esta situación ha empujado a la plantilla a un escenario de alta vulnerabilidad económica e incertidumbre, frente al cual el sindicato UGT ha comenzado a movilizarse para exigir una solución inmediata que proteja a las empleadas.
El conflicto tiene su origen en la adjudicación del servicio municipal, concedido hace un año y medio a la empresa Meprosa Mantenimientos y Servicios SL. Según detalla Félix Frutos, responsable del sector de Limpieza de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Castilla-La Mancha, los problemas comenzaron poco después de la firma del contrato mediante retrasos constantes en los pagos. En la actualidad, el escenario se ha agravado hasta convertirse en un impago continuado, un caso que ya está siendo investigado por la Inspección de Trabajo. Las empleadas, que han seguido cumpliendo con sus obligaciones laborales, se encuentran ahora mismo sin poder acceder al paro ni acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
El patrón de las adjudicaciones públicas
El conflicto en el colegio Virgen del Amparo no es un episodio aislado dentro de la hemeroteca reciente de la provincia. Durante el último año, el archivo de Liberal de Castilla refleja cómo los problemas derivados de las externalizaciones de servicios municipales han sido una constante en distintos municipios de Guadalajara. La raíz de estos conflictos suele compartir un mismo patrón operativo: licitaciones públicas donde las adjudicatarias terminan presentando problemas de viabilidad o liquidez a los pocos meses de asumir el servicio, repercutiendo directamente sobre las plantillas.
Esta trayectoria de incidencias continuas en el sector de la limpieza regional pone en evidencia las carencias del actual modelo de contratación pública. Tal y como exponen desde UGT, el diseño de la legislación vigente aboca a los trabajadores a convertirse en el eslabón más débil, forzándolos a asumir las consecuencias de las malas gestiones empresariales. La resolución del impago en Torija subraya la necesidad de que las administraciones locales refuercen la fiscalización de sus subcontratas para garantizar no solo el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, sino también unas condiciones laborales dignas.
