El Gobierno autonómico ha iniciado este 20 de julio de 2026 los trámites para actualizar el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, seis años después de su entrada en vigor. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a partir de un diagnóstico participativo elaborado por FADEMUR, ha confirmado que la aplicación de esta ley ha cumplido sus objetivos iniciales en la región. Este marco normativo ha logrado transformar la composición de los órganos directivos del sector agrario y del desarrollo rural, pasando de una presencia femenina minoritaria a una representación equilibrada que hoy se sitúa entre el y el .
Los datos recopilados en el estudio demuestran un avance estructural en el campo castellanomanchego. En 2019, las organizaciones que representan los intereses del sector apenas contaban con entre un y un de mujeres en sus cúpulas. De manera paralela, la titularidad femenina en proyectos respaldados por los Grupos de Desarrollo Rural ha saltado del al . Sin embargo, la presencia en los consejos rectores de las cooperativas agroalimentarias regionales avanza a un ritmo más moderado, escalando desde un en 2015 hasta el actual.
De la invisibilidad en el campo a la toma de decisiones
El archivo histórico de Liberal de Castilla evidencia cómo el rol de la mujer en el entorno agrario autonómico ha cambiado drásticamente durante esta última década. La aprobación de la Ley 6/2019 supuso un punto de inflexión para las agricultoras y ganaderas castellanomanchegas, quienes históricamente habían sostenido el peso de las explotaciones familiares sin figurar en los registros oficiales ni participar en las grandes mesas de negociación.
Este proceso de evaluación institucional, consensuado con entidades como ASAJA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y RECAMDER, no busca alterar los principios de la norma original, sino perfeccionar su eficacia. La actualización propuesta plantea fortalecer los sistemas de acción positiva y crear un esquema estable de indicadores de seguimiento con una perspectiva interseccional. De este modo, la región busca pasar del reconocimiento social logrado en estos primeros años a una paridad real en el reparto de ayudas y en el gobierno de todo el sector primario.
