El Partido Animalista PACMA ha iniciado este lunes una vía administrativa para intentar paralizar uno de los festejos taurinos populares más conocidos de la provincia de Guadalajara. La formación ha registrado una solicitud formal en el Ayuntamiento de Trillo para reclamar el cese de las ‘Vacas al Tajo’, evento que se celebra cada mes de junio, pidiendo además una reunión directa con los responsables municipales.
Amparándose en la Ley de Transparencia y en la normativa de acceso a la información ambiental, la organización exige conocer al detalle los recursos públicos destinados a esta celebración. En concreto, han solicitado al consistorio que remita los presupuestos y gastos consolidados correspondientes a las ediciones de 2023, 2024, 2025 y la reciente de 2026.
La petición incluye también el acceso a toda la documentación relativa a los permisos otorgados para la utilización de hasta ocho reses durante la suelta, así como las medidas de seguridad y sanidad aplicadas. La coordinadora provincial de PACMA en Guadalajara, Eva Asenjo, ha justificado la iniciativa señalando que la sociedad actual demanda fiestas sin utilización de animales. Desde la formación proponen al Ayuntamiento buscar alternativas respetuosas que permitan mantener la tradición festiva del municipio adaptándose a los valores actuales.
Hemeroteca y cierre
El archivo histórico de Liberal de Castilla refleja que la controversia sobre la presencia de animales en las fiestas patronales de la provincia es un debate recurrente, especialmente en torno a citas de gran afluencia. Las ‘Vacas por el Tajo’ de Trillo se han consolidado a lo largo de los años como un motor turístico de primer orden para la comarca, congregando cada mes de junio a miles de visitantes en las riberas del río.
La actual ofensiva de PACMA marca una evolución significativa en la estrategia del movimiento animalista en Guadalajara. Al exigir las cuentas de los últimos cuatro años y auditar los permisos de seguridad y sanidad, la presión abandona el plano puramente ético o de protesta pública para centrarse en la fiscalización administrativa. Este escrutinio del gasto público y de los requerimientos legales busca abrir un nuevo frente en los despachos, cuestionando directamente la viabilidad burocrática y económica de mantener los festejos taurinos populares con cargo al erario municipal.
