El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este viernes con extrema dureza contra la negociación del Gobierno de España para una «financiación singular» con Cataluña, calificándola como un «trato de privilegio» que es «consecuencia de un chantaje y de una permanente escalada de cesiones ante chantajes absolutamente obscenos».
A preguntas de los medios, García-Page ha asegurado que la simple existencia de una negociación al margen del resto de comunidades autónomas ya es indefendible y atenta contra un principio que «tendría que ser sagrado para la izquierda, que es el principio de igualdad».
El presidente castellanomanchego ha elevado el tono al vincular directamente estas cesiones con los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE. «A más corrupción, más debilidad. A más corrupción, más negocio para los independentistas y para los socios. A más corrupción, más cesiones», sentenció Page, añadiendo que «la corrupción ha traído barra libre, y esto es absolutamente grave».
En su opinión, esta debilidad ha provocado que «los límites» hayan desaparecido y que los socios del Ejecutivo vayan a perpetrar «un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad entre los españoles».
Críticas internas al PSOE
García-Page ha mostrado también su profundo malestar con la gestión de este asunto dentro de su propio partido. «Me duele especialmente», confesó, porque advirtió en el último Comité Federal del PSOE de que este debate debía producirse en el seno del órgano. «Deliberadamente se ocultó el debate de la financiación en el Comité Federal», denunció.
Según el líder socialista, «se atrasaron los acuerdos con Esquerra Republicana (…) aposta para que se hurtara el debate al Comité Federal, lo cual me duele especialmente». Atribuyó su decisión de hacerlo público a las filtraciones de las grabaciones de dicho comité.
Un «cupo catalán» inconstitucional
Para García-Page, el objetivo final de la negociación es establecer un «cupo catalán» similar al vasco o navarro. «Me da lo mismo que el cupo lo llamen de otra manera o que vaya por plazos», afirmó, calificándolo como «un privilegio fuera, por supuesto, de la Constitución», ya que solo la Carta Magna puede amparar dichas excepciones.
A pesar de la gravedad de la situación, se ha mostrado «convencido de que no va a salir adelante». No obstante, matizó que no lo plantea «ni como ninguna amenaza ni como si supiera algo», sino como una convicción personal de que se trata de «un despropósito absoluto». Con todo, considera «absolutamente doloroso» que desde el Gobierno «por primera vez se asuma conceptualmente la idea de un trato privilegiado».
Finalmente, al ser preguntado sobre si ha contactado con otros presidentes autonómicos socialistas para articular una respuesta común, lo ha negado para no comprometerlos: «No hablo con nadie porque soy consciente de que luego todo se sabe y finalmente les perjudico, no quiero arruinar la carrera política de nadie».
