El diputado regional del Partido Popular, Benjamín Prieto, ha denunciado que la nueva ley de medidas para la agilización administrativa de proyectos de energía renovables en Castilla-La Mancha “nace con fecha de caducidad, es improvisada y obedece a intereses particulares”. “Estamos ante un plato precocinado que concluye el 31 de diciembre de 2024. A partir de ese día: ¿No será necesaria la implantación de infraestructuras para generar energía en Castilla La Mancha? ¿Habrá desaparecido la Comunidad Autónoma? ¿Se habrá implantado otro novedoso sistema de autorizaciones o proceso de licenciamiento? Enigmas por resolver, como cuando hablan de moratorias o de posponer la toma de decisiones. Todo esto sólo crea inseguridad e incertidumbre en los ciudadanos y administrados”, ha apuntado Prieto.
“Casualmente esta prisa legislativa no es ninguna novedad; se la ha contagiado el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta Ley es en definitiva un apaño interesado que no busca interés general ni, por supuesto, el de largo plazo. Se trabaja con cortoplacismo e intereses particulares, de ahí que haya sido el propio Grupo Socialista quien haya tenido que presentar cinco enmiendas a su propia normativa. En la administración se tramitan cientos de procedimientos y todos deberían gozar de esta garantía de agilidad, de conocer a priori el tiempo y recursos que el administrado va a emplear cuando se acerca a la entidad pública”, ha explicado el diputado popular.
Prieto se ha referido a la ausencia de planificación por parte de los socialistas, “no nos puede conducir a desvertebrar aún más la región, ni a generar desequilibrios. Todos los aquí presentes sabemos que el mal diseño regulatorio del Gobierno ha propiciado que se reciban solicitudes de acceso y conexión muy por encima de las que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge como necesarias. Les recuerdo que las peticiones de instalación de renovables supera en 5,4 veces la potencia que se necesita”, ha afirmado. “Ahora con la aprobación de esta norma se abre una puerta al caos”, ha insistido. El diputado regional ha citado el caso de la comarca de Méntrida, “hace unos días veíamos cómo se daba la voz de alarma a que un 30% de la superficie dedicada al viñedo se veía afectada por la instalación de placas solares, con lo que el potencial vitivinícola de la zona se veía seriamente afectado. ¿Tomará o ha tomado el Gobierno Regional alguna decisión al respecto? ¿Se establecerán medidas para frenar el arranque de viñedos, olivos centenarios y zonas arboladas de alto valor paisajístico y ecológico? Es una pérdida del entorno y del patrimonio cultural e histórico de la región. ¿Se ha valorado lo que supone perder una superficie importante de la tierra fértil de nuestro territorio?”, ha preguntado.
“Apostamos por aprovechar todo el potencial de nuestra tierra y estamos convencidos de que en nuestro suelo hay usos compatibles, pero la administración no puede ir a remolque ni a la zaga de lo que ocurre. Son miles de expedientes los que se eternizan tanto en patrimonio, urbanismo, vivienda, autorizaciones ambientales, agricultura, transportes, industria, instalaciones socio sanitarias, etc, y no se despierta ningún interés ni voluntad por solucionarlo. Ahora ese interés llega y se irrumpe con la modificación de varias normas, aún sin saber cómo quedará la modificación que se está gestando a nivel nacional”, ha declarado Benjamín Prieto.
El diputado regional del PP ha expuesto como “hemos comprobado como con algunas de las enmiendas presentadas por el PSOE, se ha intentado remediar el texto inicial, buscando la moderación y dar más publicidad. Consideramos que estas enmiendas no son suficientes, pues con las mismas han reconocido que algo no se estaba haciendo bien. Con menos prisas, con un estudio más detallado de la norma y de las consecuencias que puede tener en el territorio, se hubiera conseguido una herramienta legislativa de utilidad; para eso estamos aquí, para que el destinatario de lo que se legisla encuentre algo positivo y contribuya a mejorar nuestro entorno. Nuestros actos traerán consecuencias”.
“Pueden aprobar esta norma y vender que soluciona todos los problemas de la energía y los suministros energéticos, pero saben que no es así, que muy poco van a solucionar, y quizás aumente la incertidumbre, con la salvedad de que pequeñas instalaciones de autoconsumo no queden incluidas. Hubiera sido más productivo que los pasos aquí dados se hubieran aprovechado para estudiar cómo utilizar el potencial que tenemos en el territorio y compatibilizar sus usos sin que los ciudadanos vean a la administración como un problema, sino que la tengan como parte de la solución, pues hoy aprobarán una ley que no beneficia al territorio; al contrario, si cabe lo va a empobrecer más y al ciudadano no le va a hacer más fácil su paso por la administración”, ha concluido Benjamín Prieto.