El Grupo de Diputación Unidas Podemos-Izquierda Unida de Guadalajara solicita que parte del aumento del gasto en Defensa se destine a la dotación de más efectivos de la Guardia Civil en las zonas rurales despobladas.
En los últimos años, cientos de pueblos de la provincia de Guadalajara, al igual que en otras provincias de España, han experimentado una pérdida importante de habitantes y en la actualidad sufren un problema de despoblación, que la coalición busca revertir. Las causas que agudizan el éxodo rural vienen dadas, principalmente, por el abandono que padecen estos núcleos poblacionales por parte de las administraciones públicas: menos inversiones, menos ayudas, menos servicios, menos seguridad, más precariedad… En definitiva, un abandono que en ningún caso ayuda a repoblar estas zonas.
“Una de las quejas más frecuentes entre los pobladores de estas zonas es la falta de seguridad en el medio rural por la escasa presencia de efectivos de la Guardia Civil en estas zonas”, apunta Daniel Touset, diputado provincial de Unidas Podemos-Izquierda Unida. El presupuesto del Ministerio de Defensa asumirá un incremento del 26,3%, que se cifra en 12.85 millones de euros, frente a los 10.152 millones de euros en 2022. En la actualidad, la provincia de Guadalajara cuenta con un total de 280 municipios con menos de 5.000 habitantes que dependen de las dotaciones de la Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana. Actualmente en la provincia hay tal escasez de medios que apenas hay agentes para dar cobertura a territorios extensísimos, una circunstancia “totalmente insostenible”, según valora Touset. “Considero que esta subida en el gasto militar debe ser útil para la ciudadanía y aplicarse en la seguridad de la Guadalajara despoblada y otras regiones de España que no puedan costearse un cuerpo policial municipal; y no para una escalada belicista internacional”.
Por otro lado, Touset insta a los Ministerios de Defensa e Interior a hacerse cargo de sus responsabilidades “recuperar las casas cuartel y aumentar los recursos mediante la instalación de cámaras de vídeovigilancia, ya que es un gasto que está asumiendo la Diputación, aun siendo competencia del Gobierno español”. De esta forma, el dinero de los contribuyentes podría invertirse en otras necesidades que, en este caso, sí son competencias propias de la Diputación Provincial.
Por su parte, el grupo provincial de Unidas Podemos-Izquierda Unida se mantiene en contacto directo con la coalición morada del Congreso de los Diputados para elevar esta petición al Parlamento español.
