El sindicato docente ANPE ha exigido la puesta en marcha urgente de un plan integral de inclusión y equidad educativa en Castilla-La Mancha, respaldado por una memoria económica realista. Los profesionales de apoyo en la región soportan actualmente cargas de trabajo inasumibles que impiden una atención individualizada de calidad. Las situaciones más críticas dejan a orientadores asumiendo cerca de mil estudiantes y a maestros de Audición y Lenguaje haciéndose cargo de hasta 27 clases distintas.
A pesar de las medidas recientes pactadas con la Consejería de Educación para reducir de forma progresiva las ratios generales y las horas lectivas, la realidad diaria en los centros escolares es cada vez más heterogénea. Durante los últimos cinco años, el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo prácticamente se ha duplicado en el sistema regional. La cifra ha pasado de algo más de 23.000 estudiantes a superar los 46.000 matriculados en el curso actual, un incremento que no ha ido acompañado de la contratación del personal necesario.
Entre los casos más frecuentes en las aulas castellanomanchegas destacan los trastornos del aprendizaje, la vulnerabilidad socioeducativa y los trastornos del espectro autista. Estos últimos superan ya los 3.600 casos detectados en la región. Para hacer frente a una realidad que desborda a los actuales 1.260 docentes de Pedagogía Terapéutica y 750 orientadores, los representantes del profesorado exigen medidas organizativas estructurales:
Creación de un cupo extraordinario destinado a apoyos, refuerzos y desdobles.
Incremento urgente de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación.
Regulación de los equipos TEA mediante la fijación de ratios máximas de atención.
Incorporación generalizada de la figura de la enfermera escolar y servicios de psicología clínica.
Recuperación de las aulas de convivencia y creación de espacios específicos para alumnos con desconocimiento del idioma.
Evolución del acuerdo educativo
El archivo histórico de Liberal de Castilla permite rastrear cómo el debate sobre la calidad de la enseñanza en la región ha cambiado de foco durante el último año. Meses atrás, el protagonismo recaía en el acuerdo autonómico para la reducción paulatina de alumnos por clase ordinaria, un logro sindical celebrado como punto de partida indispensable. Sin embargo, la propia evolución de los colegios e institutos demuestra que bajar la ratio general de las aulas pierde efectividad si no se aborda su complejidad interna.
Esta queja actual evidencia un nuevo frente en las reivindicaciones educativas, agravado por la falta de consulta a los docentes en el diseño de la futura estrategia regional de educación. El seguimiento de la noticia muestra que el reto pedagógico en Castilla-La Mancha ha mutado: ya no se trata únicamente de tener menos alumnos por aula, sino de poder atender la diversidad de perfiles, los desfases curriculares y los problemas de adaptación. Sin una inversión directa en personal técnico especializado, la inclusión recae en solitario sobre el profesorado ordinario, alejando a la región de una equidad real.
