Si algo nos ha enseñado esta crisis es la necesidad de reforzar la gestión sanitaria con la colaboración publico-privada. Nuestro gasto sanitario ya estaba creciendo de forma exponencial en los años anteriores a la pandemia, comprometiendo las cuentas de las Administraciones autonómicas de forma muy grave. En el contexto actual, pretender incrementar el gasto sanitario público para cubrir todas las necesidades presentes y futuras del sistema nacional de salud es, en el mejor de los casos, impensable. Por ello, reforzar nuestro sistema sanitario mediante la colaboración público-privada, y dotarnos, a medio plazo, de reservas estratégicas de equipos y material, para futuras pandemias, son acciones a considerar. La experiencia ha demostrado que se pueden gestionar mejor la logística e infraestructuras sanitarias, los recursos humanos y los de producción, todo ello en coordinación con otras autonomías, así como con los países miembros de la UE.
Toda esta dinámica protectora del sistema social y económico, ha generado un despliegue extraordinario de actuaciones públicas que se ha plasmado en un incremento del gasto público, en todos los niveles de la Administación, con unas necesidades financieras explosivas y que serán cubiertas básicamente con ayudas de la UE y emisión de Deuda Pública. Si los márgenes fiscales de nuestro país eran estrechos, por cuanto no habiamos asimilado aún los efectos presupuestarios de la crisis financiera del 2008, los niveles de déficit y Deuda Pública en los dos próximos años van a ser históricos. Por ello, una vez tranquilizadas las aguas, España deberá priorizar la senda de consolidación fiscal, es decir, una vez se vayan despejando las necesidades de políticas públicas extraordinarias, que han exigido una situación también extraordinaria y sobrevenida de forma abrupta. Esta consolidación debe construirse bajo un programa de acción sostenido y creible, que permita generar certidumbre sobre el esfuerzo fiscal a desarrollar a medio plazo. Ese programa de acción debería realizarse, desde una perspectiva de racionalización del gasto público, adelgazando los presupuestos de cualquier gasto ineficiente e improductivo, con el objetivo de optimizar la prestación de los servicios públicos. En este proceso, en algún momento del ajuste temporal, un aumento impositivo será necesario, pero habrá que hacerlo con criterio y buscando una estructura fiscal lo más eficiente posible, evitando al máximo aquellos que puedan lastrar, en mayor medida, el crecimiento económico, la inversión, y precarizar nuestro tejido productivo, auténtico motor para la creación de empleo y para combatir la pobreza.
Parece algo incuestionable la necesidad de desarrollar un programa de regeneración fiscal que haga explícitos, a nivel presupuestario y en horizonte a medio plazo, los techos de gasto y el de deuda pública con el fin de ir paulatinamente absorbiendo el impacto presupuestario a medio plazo. Si se considera que el déficit, al que nos va a abocar esta crisis, se sitúa entre el 10 y 12% del PIB, y considerando que, con todas las cautelas, el déficit estructural sería del 5%, según FEDEA, a un ritmo de reducción de ½ punto por año, necesitaríamos una década para hacerlo desaparecer en su integridad. Sin olvidar que las medidas excepcionales que se adopten no pueden, en ningún caso, vulnerar las reglas básicas de control propias de la elaboración del Presupuesto, y articularse con un esquema de presupuestación a medio y largo plazo, con parámetros que permitan hacer converger el déficit estructural a una situación de equilibrio presupuestario.
Será, en todo caso, necesaria una máxima coordinación de las políticas económicas con la UE, con el fin de evitar comportamientos nacionalistas en forma de “sálvese el que pueda”, intentando reforzar el proteccionismo en los principales sectores, limitando los movimientos de capitales, incorporando algún tipo de barrera comercial o pretendiendo controlar, de forma directa o indirecta, las inversiones extranjeras. En este sentido, resulta fundamental la coordinación en la apertura de fronteras y la restitución del mercado y espacio único de la UE. Tenemos que avanzar juntos en la reparación de los daños provocados por la crisis sanitaria y preparar un futuro mejor para la próxima generación. Resulta fundamental que los jóvenes, ya maltratados en la crisis financiera, lo sean de nuevo en esta, creando frustración y falta de expectativas que conduzcan a un escepticismo desintegrador sobre el proyecto europeo.
Opinión de Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Castilla-La Mancha
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