
APAG ha solicitado su ayuda y protección ante la indefensión que sienten aquellos agricultores afectados que quieren seguir con su actividad y se encuentran con la declaración de Utilidad Pública y futura expropiación de sus parcelas. «Nos sentimos totalmente desprotegidos» ha dicho el secretario general de APAG, Antonio Torres, quien ha pedido al Gobierno regional que al igual que han hecho ya otras comunidades autónomas, regule y «nos eche una mano para que se perjudique lo menos posible al sector».
Varios proyectos cuentan con oposición y recursos de agricultores, como Oliva Solar I, II, III, IV y V y sus líneas de evacuación, que la promotora Solaria tiene en Usanos, o los proyectos de El Pozo de Guadalajara o Almonacid de Zorita.

