Los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón han trasladado sus reivindicaciones en materia de despoblación a representantes de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea entre las que destaca la petición de una discriminación fiscal positiva para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, al estar catalogadas como zonas escasamente pobladas, que contribuya a facilitar la instalación de empresas en estos territorios.
Un encuentro que ha tenido lugar a través de videoconferencia y en la que han participado, entre otros, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Presidencia de Aragón, Mayte Pérez y el Consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Javier Fernández.
Se trata de un paso más tras la reunión celebrada en Soria, el pasado viernes 3 de julio, en la que se acordó una estrategia conjunta de los tres gobiernos para trasladar a la Comisión Europea la necesidad de modificar el Mapa Español de Ayudas Regionales.
Una modificación que conllevaría la puesta en marcha de medidas que, como en el caso de Noruega, supondrán la reducción de hasta el 20% de los costes laborales de las empresas radicadas en zonas despobladas para las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, incluyendo a los territorios adyacentes y que en el caso de Castilla-La Mancha son las comarcas de Molina de Aragón y la Sierra Norte de Guadalajara.
Este encuentro telemático se produce cuando la Unión Europea está trabajando en la estructura de los fondos regionales y de cohesión para el periodo plurianual 2021-2026.
Finalmente, los representantes autonómicos de las tres comunidades autónomas se han emplazado a una reunión con Margrethe Vestager, vicepresidenta segunda para la Era Digital y la Competencia, para hacerle llegar el documento rubricado por los presidentes autonómicos días atrás en Soria.
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