El día 21 de enero de 2017 es un día que no será olvidado entre el colectivo de Agents Rurals y de Agentes Medioambientales y Forestales de toda España. Ese día, hoy hace seis años, Francesc Xavier Ribas y David Iglesias fueron asesinados con un arma de caza a manos de un cazador que finalmente fue condenado a 45 años de cárcel por este doble asesinato.
Desde la Coordinadora de Agentes Medioambientales de CCOO-FSC queremos mantener vivo su recuerdo pues eran nuestros compañeros no solo de trabajo, también de sindicato. Y queremos seguir avanzando en las medidas de protección, para evitar que algo así vuelva a ocurrir.
Ya antes de este suceso, las coordinadoras de Agentes Medioambientales de CCOO venían trabajando para mejorar la seguridad en las actuaciones que realizan los Agentes en todo el Estado. Y desde aquel día funesto, más si cabe.
En nuestra región, todos los sindicatos representativos salimos al día siguiente a las calles a expresar nuestro dolor por los asesinatos de Francesc y David, e inmediatamente después solicitamos al Gobierno de Castilla-La Mancha la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los Agentes Medioambientales; en especial en escenarios potencialmente peligrosos, en situaciones conflictivas o en actuaciones que requieran interacción con personas que portan armas.
Mientras que en Cataluña, a raíz del suceso, se elaboraron e implantaron medidas organizativas eficaces y se dotó a los Agents Rurals de elementos de protección personal; en Castilla-La Mancha, en la práctica, poco o nada ha cambiado desde aquel 21 de enero de 2017.
En todo este tiempo, lo único que ha hecho nuestra Administración Autonómica es ir emitiendo diferente documentación en forma de protocolos o instrucciones que no llevan aparejadas medidas efectivas y reales.
Y no será por ausencia de motivos. Ni por falta de propuestas, reclamaciones, denuncias y exigencias trasladadas insistentemente a los sucesivos responsables del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha por parte de la Coordinadora de AAMM de CCOO.
Y no sólo de CCOO. A raíz de las denuncias de este sindicato, ya en 2016 la Inspección de Trabajo, tras sucesivos requerimientos, prorrogas y ampliaciones de plazos dados a la JCCM para el cumplimiento real de las medidas preventivas, decidió elevar a definitivo el informe de fecha 04 de julio de 2016; en el que, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (TRLISOS) tipificó como “graves” hasta tres infracciones cometidas por la JCCM, relacionadas la ausencia de medidas preventivas, organizativas y psicosociales ante los riesgos de agresión, acoso y trabajo aislado que sufre el Cuerpo de Agentes Medioambientales.
Como son la delimitación, información y formación de tareas peligrosas; la implementación de medios y medidas para que los agentes tengan una permanente comunicación y localización en el desempeño de su labor, especialmente en tareas peligrosas; y la implementación de protocolos de actuación y la dotación de medios de autodefensa.
El Gobierno de CLM sigue sin atender esos requerimientos de la Inspección. En 2018 remitió unos protocolos de actuación tan inconsistentes que la Inspección respondió subrayando que incumplían lo requerido; que “no tienen una secuencia lógica”, que “su contenido es confuso, generalista y subjetivo, e incluso contradictorio”, y remarcando errores de bulto, como por ejemplo recomendar a los trabajadores que, en caso de accidente laboral, acudieran al médico de cabecera, en vez de a la mutua.
En 2017, la JCCM contrató los servicios de una empresa privada relacionada con la seguridad y salud laboral (AC2 Systems Consultancy). Su dictamen subrayaba la necesidad de implantar una serie de medidas preventivas; pero la JCCM prefirió hacer caso omiso de estas recomendaciones. El dinero público abonado a esta empresa por su informe no ha servido para nada. ¿Quizás esperaba la JCCM que AC2 SyC dijera que no eran necesarias medidas preventivas ante las situaciones de agresión y acoso a l@s agentes medioambientales?
También en 2017, los propios servicios de Prevención de la JCCM realizaron una Evaluación de Riesgos Psicosociales del Cuerpo de Agentes Medioambientales. Señalaron las carencias y apuntaron la necesidad de corregirlas. Pero tampoco a ellos se les hizo caso. Ninguna medida se ha adoptado para paliar los riesgos reflejados en aquel informe de riesgos psicosociales, a excepción de la formación parcial del colectivo.
En 2021, la JCCM publicó la Orden 162/2021, de 28 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regula la acreditación, uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. En su artículo 15, dedicado a la equipación de seguridad personal, establece que “será obligatoria en las labores y tareas de extinción de incendios forestales o en aquellas otras en que así de determine por su peligrosidad.”
Pues bien: a 21 de enero de 2023, y a pesar de la referencia normativa, aún no se ha dotado a los agentes medioambientales de medios y equipos para afrontar con seguridad las tareas peligrosas. Como, por ejemplo, la que acabó costándoles la vida a los dos Agents Rurals asesinados en Aspa (Lleida).
Han pasado seis años desde entonces. La JCCM es más que consciente de la necesidad de dotar de medios y de adoptar medidas organizativas para garantizar la seguridad de sus agentes medioambientales.
Pero ni lo ocurrido en Aspa; ni las denuncias de CCOO; ni los requerimientos de la Inspección de Trabajo; ni el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; ni las recomendaciones de la empresa privada expertas en Seguridad y Salud… han sido suficientes para que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumpla con sus obligaciones en materia de Salud y Seguridad del colectivo de Agentes Medioambientales.
¿Hay que esperar a que suceda algún hecho trágico en nuestra región para que nuestro Gobierno haga algo?
