Cinco personas afiliadas a USO demandan a la empresa de transporte sanitario SSG-Digamar por vulneración de sus derechos
Las demandas se han presentado para reclamar que las horas de guardia sean consideradas como horas ordinarias y se remuneren como tal. La empresa ha venido abonando esas horas extraordinarias con el carácter de «horas de presencia» que tienen un valor inferior al de las horas ordinarias
USO ha sido el sindicato pionero en la interposición de demandas de conflicto colectivo para reclamar el correcto abono de las guardias, logrando sentencias favorables en distintos tribunales autonómicos, finalmente ratificadas por sentencia del Tribunal Supremo.
A raíz de dichas sentencias, muchas personas que trabajan en este sector precarizado están activando demandas judiciales reclamando la diferencia entre el importe abonado por horas de presencia, y el que se debe abonar como hora ordinaria. Hay que tener en cuenta que es una práctica habitual que las plantillas trabajen más de 2.100 horas al año, muy por encima de lo establecido en su convenio.
SSG-Digamar impone una modificación de condiciones de trabajo
El caso de la concesionaria del transporte sanitario en la provincia de Guadalajara, SSG-Digamar, es especialmente grave. Tras la interposición de las reclamaciones de 5 personas trabajadoras y no llegar a ningún acuerdo en la mediación previa a la demanda, SSG-Digamar ha vulnerado el principio de indemnidad y ha aplicado una modificación sustancial de las condiciones de trabajo a estas personas. Esta se ha traducido en un cambio en el puesto de trabajo, asignándoles otras funciones, y de distribución de la jornada laboral, lo que es sin duda un ataque frontal a los derechos laborales. Todo esto lógicamente antes de que se haya podido celebrar el juicio.
De esas 5 personas, 2 de ellas son mujeres con una reducción de jornada por conciliación laboral. Además, la empresa incumplía el convenio colectivo al asignarles más horas que la jornada máxima establecida en 1.800. Esta situación es especialmente lesiva al afectar a un colectivo que legalmente tiene una protección especial.
