La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, critica el nombramiento de José Luis Escudero como Comisionado para la Accesibilidad tras ejercer como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara.
En un contexto en el que la Administración regional sufre una grave carencia de personal debido a la negativa constante de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital a cubrir plazas esenciales, CSIF denuncia el reciente nombramiento de José Luis Escudero como Comisionado para la Accesibilidad, considerándolo un acto incoherente y arbitrario.
Mientras miles de ciudadanos ven cómo los servicios públicos están al borde del colapso por la falta de empleados públicos en sectores clave, el Gobierno regional decide crear ‘ex profeso’ y asignar un cargo político sin un proceso de selección transparente ni criterios objetivos.
Dentro de la política de recortes de la Junta, la Consejería de Hacienda emite sistemáticamente informes negativos que impiden la incorporación de personal en sanidad, educación, escuelas infantiles, centros educativos y centros dependientes de Bienestar social, como las residencias de mayores. Sin embargo, cuando se trata de designar a exconsejeros en puestos de confianza, parece que las limitaciones presupuestarias desaparecen.
El Comisionado de Accesibilidad tiene rango de viceconsejero, con un sueldo anual que supera los 77.000 euros, y depende de la Vicepresidencia segunda de la Junta de Comunidades.
La accesibilidad es un reto crucial que requiere compromiso real, recursos y planificación, no sólo la creación de cargos a medida. La ciudadanía de Castilla-La Mancha merece una administración eficaz que priorice el refuerzo de su plantilla en lugar de destinar fondos a designaciones de dudosa utilidad y de clara connotación política.
Es más, este nombramiento coincide con la amenaza de Emiliano García-Page sobre el despido de 2.500 empleados públicos en la región si no se aprueba el techo de gasto por parte del Gobierno central. Para CSIF, es contradictorio, y demagógico, amenazar con destruir empleo público mientras se crean altos cargos a medida.
La Central Sindical exige a la Junta de Comunidades que revierta esta decisión y priorice la cobertura de plazas esenciales para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, en lugar de continuar con una política de nombramientos a dedo que mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
