La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha exigido este 5 de mayo al Ayuntamiento de Maranchón la revisión del macroproyecto avícola impulsado por la multinacional Aviagen. La petición se fundamenta en un hecho sobrevenido: la reciente publicación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del procedimiento para aprobar el Plan de recuperación de la alondra ricotí, una especie catalogada en peligro de extinción. El borrador autonómico señala la fragmentación del hábitat como una de las principales amenazas para el ave, un factor que afecta de lleno a los territorios de Turmiel y Clares donde se proyectan las instalaciones.
Ante este nuevo contexto ambiental, la Plataforma reclama al Consistorio extrema prudencia en la concesión de futuras licencias urbanísticas y de actividad para evitar impactos territoriales irreversibles. La organización considera contradictorio avanzar administrativamente con una iniciativa industrial que incrementa la presión paisajística sobre el mismo territorio cuya biodiversidad se pretende reforzar. Esta exigencia institucional se suma a las alegaciones formales ya presentadas y a las 154 firmas entregadas recientemente por los residentes locales.
Evolución del conflicto vecinal
Este condicionante ambiental supone un giro clave en un conflicto que lleva un año marcando la agenda social y política de la comarca. El movimiento de la Plataforma llega apenas dos semanas después de que el Ayuntamiento de Maranchón concediera, a mediados de abril de 2026, la primera licencia de obras a Aviagen para construir una explotación de 64.000 reproductoras en el paraje de La Velasca, en la pedanía de Clares.
La fuerte oposición a estas instalaciones se remonta al verano de 2025, cuando se registraron más de 300 alegaciones formales y se convocaron manifestaciones históricas en el municipio para denunciar el alto impacto ecológico. Durante aquellas protestas, los colectivos ya alertaron sobre la amenaza a las aves esteparias y denunciaron la fragmentación artificial del proyecto en cinco expedientes independientes para facilitar su viabilidad. Ahora, con el paso autonómico para proteger formalmente a la alondra ricotí, los vecinos de pedanías como Turmiel, que ya se habían movilizado masivamente el pasado mes de abril, encuentran un respaldo legal directo para exigir la paralización definitiva del complejo industrial.
