El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara presentará este viernes en el Pleno una propuesta con el objetivo de “buscar una solución adecuada ante las sanciones económicas que están recibiendo los ayuntamientos de nuestra provincia por no tener depuradora”. Así lo ha anunciado el portavoz del PP, Román García, hoy en rueda de prensa “movidos por la iniciativa de los alcaldes y concejales que en las últimas semanas nos han mostrado su preocupación” en este sentido.
Por ello, la propuesta del Grupo Popular irá en la línea de “instar a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, entidad dependiente de la Junta de Comunidades, a que ejerza las competencias que le son propias en virtud de la legislación autonómica vigente y, en consecuencia, elabore un plan ambicioso de inversiones para ejecutar las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas residuales urbanas en los municipios de la provincia de Guadalajara, en coordinación con sus respectivos ayuntamientos”. Además, también propondrán para su aprobación en Pleno que la Diputación “mantenga cuantas gestiones sean necesarias con la Confederación Hidrográfica del Tajo a los efectos de evitar estas sanciones por el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, concediendo un plazo adecuado y asumible para la ejecución de estas infraestructuras de forma coordinada con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es quien ostenta la competencia”.
Esta situación no es nueva, pues multitud de ayuntamientos de la provincia de Guadalajara vienen recibiendo desde hace años requerimientos de la CHT, relacionados con el incumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración de aguas residuales urbanas en su localidad. Todo ello, tal y como ha explicado García, “al no disponer de depuradora ni de la correspondiente autorización administrativa de vertido conforme a lo estipulado en el texto refundido de la Ley de Aguas”. Pero, como añade el portavoz, se trata de “un tema de estricta actualidad puesto que recientemente se ha producido una nueva batería de resoluciones sancionadoras a numerosos ayuntamientos, tal y como nos han trasladado sus alcaldes en las visitas que desde el Grupo Popular de la Diputación venimos realizando a sus pueblos”.
Tanto es así que, no en pocos casos, “existen ayuntamientos a lo largo y ancho de nuestra provincia que cuentan desde hace años con propuestas de convenio firmadas y remitidas a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, estableciendo las cláusulas para la ejecución de las instalaciones; y la mayoría de estos casos no han visto materialización alguna”, ha apuntado García.
Multas periódicas en el entorno de los 2.000 euros
El portavoz del PP ha asegurado que, en dichos documentos, “se considera responsables a los ayuntamientos”, tal y como se cita textualmente, “sobre la evacuación y tratamiento de las aguas residuales como competencias propias, incluyendo, por tanto, la responsabilidad que se genera por el incumplimiento de la normativa”. En su virtud, se considera que tal hecho constituye una infracción administrativa tipificada en el texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y se impone una multa, que asciende a la cantidad de 2.000 euros en la mayoría de los casos.
“Nosotros entendemos que se podría entrar a valorar el tipo de solución más idónea para núcleos de escasa población en terreno no industrializado, como es la inmensa mayoría de los pueblos afectados por esta problemática en Guadalajara” pero, sobre todo, ha incidido García en que cabría tener en cuenta que, “en el ámbito territorial de nuestra región, la normativa de aplicación es la Ley reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”. Así, como figura en la moción presentada, “es la Administración Regional quien se arroga las competencias sobre los proyectos, la ejecución y gestión de las infraestructuras hidráulicas correspondientes a la depuración de aguas residuales en nuestro territorio”. No en vano, para ello creó la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y encomendó las competencias mencionadas a la entidad dependiente de este organismo, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
