La Federación de Partidos de la España Vaciada expresa su firme apoyo a las concentraciones y demandas de los agricultores y ganaderos que se están llevando a cabo en este momento. Si bien, durante estas semanas de movilizaciones, la Federación ha optado por mantener un prudente silencio, con el objetivo de respetar el carácter no partidista de las reivindicaciones. Recuerdan que “desde hace años hay una serie de problemas y barreras que dificultan el desarrollo de la agricultura y la ganadería familiar en condiciones óptimas y viables, y desde la política no se actúa para aportar soluciones”.
Denuncian que “las dificultades y falta de rentabilidad en la agricultura y ganadería familiar están provocadas por la falta de políticas y medidas para proteger al sector primario”, y destacan que “no solo es un problema para el medio rural, también es para las ciudades porque atenta contra la soberanía alimentaria de los ciudadanos y la calidad de los alimentos”.
Reclaman que todas estas dificultades “han de ser abordadas en su conjunto con el fin de facilitar la viabilidad y el relevo generacional de los agricultores y ganaderos”; recuerdan que para solucionar muchos de estos problemas plantearon soluciones hace años, en el Modelo de Desarrollo que presentaron las plataformas y colectivos de la Revuelta de la España Vaciada en el Congreso de los Diputados el 26 de mayo de 2021. Inciden en que si desde ese momento el Gobierno hubiese afrontado estas medidas se hubiese avanzado para la viabilidad del sector primario en la agricultura y ganadería familiar.
Medidas del Modelo de Desarrollo propuestas en el Congreso de los Diputados
Planteaban dotar de estrategias de simplificación y agilización de los trámites relacionados con las ayudas directas, y ahora denuncian que “las políticas han avanzado en la dirección contraria, más burocracia y más complicación en los trámites, que se acrecientan con el mal acceso a internet en el medio rural”. Para aportar soluciones en el Modelo de Desarrollo pedían la implantación una oficina gestora centralizada con ámbito comarcal y presencia en internet, una ventanilla única que agilizase los trámites de todas las administraciones.
Pedían fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria, reformulada por el Proyecto de Ley de 3 de noviembre de 2020, “una legislación que debe proteger los precios de productos agrícolas y ganaderos garantizando la recuperación de costes y la competitividad de los productos. A partir de esta ley se ha de crear un sistema garantista que impida la venta de productos por debajo de coste de producción”. Denuncian que “años después no ha cambiado nada porque se repite un problema que sufre el medio rural, las leyes que lo protegen no se aplican.” Para llegar al consumidor entre las medidas planteadas reclamaban acciones para concienciar a la sociedad acerca de los precios reales de producción de los productos agrícolas a través de la visibilización de la calidad y valor añadido. “No se ha hecho nada y ahora con las manifestaciones vemos como son los agricultores y ganaderos los que dan a conocer los inmensos márgenes de la cadena alimentaría para poner el precio a los alimentos, y lo poco que se paga a los productores de una forma injusta”.
Respecto a las importaciones de productos a bajo precio y sin cumplir las medidas fitosanitarias que se exigen en Europa, que están provocando la devaluación de los productos de los agricultores, recuerdan que entre las medidas del Modelo de Desarrollo pedían promover y aprobar un cambio legislativo que establezca normas en el etiquetado de los productos agrícolas, de manera que el consumidor pueda identificar de forma clara la procedencia y el tipo de manejo que se ha llevado a cabo en su producción. Denuncian que “siguen sin proporcionar información precisa sobre el origen de estos y los métodos y procesos seguidos para su elaboración”.
También demandaban en 2021 la aprobación de una Ley de Fauna Silvestre contemplando compensaciones justas por los daños sufridos por agricultores y ganaderos, y el seguimiento de censos oficiales para en caso de superpoblación aplicar medidas. Para evitar la transmisión de enfermedades a los animales domésticos, demandaban llevar a cabo controles sobre la fauna silvestre, realizando censos de dicha fauna y un control exhaustivo.
Reclaman que los ganaderos “están sufriendo las estrictas medidas que la Comunidad Europea está implementando, y aunque algunas son necesarias creemos que hay formas menos duras de cara a la economía de una explotación de llevarlas a cabo”, y reclaman que se valore la importancia de la ganadería extensiva para la conservación del medioambiente. También proponían en 2021 medidas para la ganadería como revisar la política de saneamiento animal con cambios para el control de enfermedades sin sacrificar ganaderías enteras, establecer cuarentenas de los animales que arrojen inicialmente resultados positivos y esperar al contraanálisis antes de sacrificarlos. Además de establecer compensaciones económicas a los ganaderos titulares de explotaciones paralizadas en caso de contraanálisis negativos, y recuperar los controles sanitarios a través de las agrupaciones de defensa sanitaria ADS, y por la administración.
Para ayudar a poner en valor los productos, en el Modelo de Desarrollo también reclamaban facilitar la obtención de los certificados acreditativos IGP, Indicaciones Geográficas Protegidas, reduciendo periodos de tramitación y obtención, “y este es otro ámbito donde no se ha avanzado nada”.
Desde la Federación de partidos de España Vaciada destacan como “la inacción a solucionar todos estos problemas y dificultades está provocando una preocupante falta de viabilidad y de relevo generacional en el sector, por ello en el Modelo de Desarrollo planteaban llevar a cabo planes y estudios estratégicos sobre la promoción de nuevas incorporaciones al sector agrario, recuperando la ayuda del cese anticipado en la actividad. Detallaban que esta ayuda tiene como objetivo fundamental favorecer la renovación generacional y el aumento de la viabilidad de las explotaciones agrarias mediante reestructuración y ampliación de estas y la elevación del grado de cualificación profesional de sus titulares.