Fundación Artemisan y SCI Iberian Chapter han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo un estudio que analizará el impacto y las causas del furtivismo en España, así como las barreras en la lucha para acabar con él, con el objetivo de poner sobre la mesa soluciones efectivas que ayuden a paliar esta lacra.
El estudio, que seguirá la línea de otros realizados exitosamente en otros países como el de Boone and Crockett en Estados Unidos, obtendrá información de diversas fuentes, tanto de agentes medioambientales, administraciones o propietarios de cotos, pero también de los propios furtivos.
Este último punto es esencial, ya que busca conocer de primera mano las motivaciones que encuentran los furtivos para cometer este tipo de delitos y aquellos factores que los incentivan, la percepción o no de impunidad ante las leyes y la adecuación de las consecuencias administrativas o penales frente a este tipo de conductas.
De esta manera, se va a llevar a cabo un estudio integral que analizará tanto los impactos en conservación, económicos y sociales asociados a este tipo de delitos, como los elementos motivacionales y las barreras judiciales a la hora de hacer cumplir las leyes para, con todo ello, proponer soluciones y medidas para hacer más efectiva la lucha contra este tipo de delitos en España.
Este proyecto se enmarca en el trabajo continuo del sector para acabar con el furtivismo, una práctica que nada tiene que ver con la caza, que provoca grandes daños medioambientales, económicos y sociales y contra la que los propios cazadores son los primeros en actuar.
En este sentido, Fundación Artemisan y SCI recuerdan que, ante cada caso de furtivismo, son las asociaciones y organizaciones de cazadores las que están personándose en los juzgados, invirtiendo recursos humanos y económicos y persiguiendo cada delito para acabar con la impunidad con la que han venido actuando sistemáticamente los furtivos en España.
Además, recuerdan la reciente decisión del Tribunal Supremo, que considera el furtivismo como un delito penal, y no como una mera sanción administrativa, una petición constante del sector de la caza y consideran que esta es la línea que debe seguir España para acabar con esta lacra.
