Las arbitrariedades entorno al control del Ayuntamiento sobre la concesionaria La Alameda Agua y Salud, empresa que gestiona dos instalaciones deportivas municipales, no es algo nuevo. A lo largo de los años, hemos podido comprobar como los distintos gobiernos del Partido Socialista se han caracterizado por hacer la vista gorda con las malas praxis de esta empresa: fatal de mantenimiento y abandono de las instalaciones, despidos disciplinarios injustificados, impago de las nóminas del personal, etc. Por eso, una de las razones por las que exigimos dirigir la Concejalía de Deportes en el Gobierno de coalición, muy a pesar del que iba a ser nuestro socio, fue la de controlar de manera exhaustiva a esta empresa. Y así lo hicimos una vez que formamos parte del Gobierno. Así de contundente, se ha manifestado la portavoz del grupo municipal, María José Pérez Salazar.
Durante los casi dos años que hemos estado al frente de la misma, hemos obligado a la empresa a cumplir con sus obligaciones y por supuesto, se les ha impuesto sanciones al no hacerlo. Esto que no era algo que gustara al socio de gobierno, produjo muchísimas desavenencias en la coalición, cosa que no nos importó en absoluto, porque nuestro deber era el de velar por un buen servicio público, garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras y no mantener tratos de favor con la empresa. Ni con esta ni con ninguna otra.
La última sanción propuesta por la Concejalía de Deportes cuando estábamos aún al frente de la misma, ha proseguido Pérez, con sus correspondientes informes técnicos, ascendía a 97.350 euros y tras su tratamiento, en el Pleno de 27 de febrero de 2025 y con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de Vox, se aprobó la incoación del expediente sancionador. Las alegaciones presentadas por la empresa no pudieron ser examinadas hasta mediados de abril porque la persona técnica del Departamento, que es la competente para emitir el correspondiente informe, se encontraba de baja laboral transitoria. Es por ello, por lo que no se llevó el asunto al Pleno hasta el 24 de abril, y es entonces cuando, aprovechando que Izquierda Unida ya no estaba en el Gobierno (nuestra salida se produjo el día 4 del mismo mes), el Alcalde, en la Junta de portavoces que se celebró media hora antes de la celebración de la sesión plenaria, decidió retirarlo del orden del día con la excusa de que, “tenían que revisar el informe elaborado por el técnico del área y lo traería al Pleno siguiente”, cosa que nunca se produjo.
De esta forma y de manera definitiva, en el pleno del mes de mayo, decidían dar carpetazo al asunto, sin que mediase ningún otro informe rectificado, acusando públicamente al técnico municipal de falta de profesionalidad e impidiendo al Pleno, órgano titular con la competencia atribuida para ello, que declarase formalmente la caducidad del procedimiento. Es una evidencia de que aprovecharon nuestra salida del Gobierno para evitar sancionar a la empresa, a pesar de existir informes técnicos que avalaban la decisión.
María José Pérez ha seguido explicando los últimos acontecimientos y es que según ha indicado y como si no fuese lo suficientemente grave esta sucesión de hechos, hemos sido conocedores en el día de ayer de que la persona técnica del Departamento de Deportes registraba a través de la sede electrónica municipal, un informe en relación con lo sucedido en el pleno de 26 de mayo, con la intención de que fuera conocido no sólo por alcaldía sino también por todos los grupos políticos. El primer registro se realizó el 23 de julio de 2025 y al no ser trasladado a sus destinatarios, lo volvió a registrar el 8 de septiembre, pero tampoco se le dio traslado. Con esto, presenciamos otra flagrante vulneración de los principios de información y transparencia a los que está obligada la Administración, por obstaculizar deliberadamente el acceso y ocultar la existencia de la misma. ¿Es que tienen algo que temer los responsables políticos: Concejal de Deportes, Tenientes Alcaldes y Concejala de Buen Gobierno? Y lo más grave si cabe es que el Alcalde se dedique a amparar este tipo de conductas.
Pérez lamenta que el Gobierno en lugar de estar exigiendo a la empresa el cumplimiento de las estipulaciones contractuales para ofrecer un servicio de calidad, le permita campar, de nuevo, a sus anchas, porque cuenta con el beneplácito de los responsables implicados en esta trama de irregularidades, a saber, el Concejal responsable del área, Enrique Pérez de la Cruz, las Tenientes Alcaldes, Susana Santiago y Yolanda Rodríguez, y el máximo responsable, el Alcalde, Miguel Óscar Aparicio, quienes por supuesto, tendrán que dar explicaciones.
La portavoz de la formación de izquierdas ha finalizado anunciando que, tras ser conocedores de esta sucesión de irregularidades su grupo ya ha emprendido acciones legales.
