Izquierda Unida ha denunciado que el gobierno municipal de Azuqueca de Henares, encabezado por el alcalde Miguel Óscar Aparicio, incumple de manera flagrante sus obligaciones legales al negarse a entregar a la oposición la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025. Este documento es obligatorio según el artículo 197 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y su falta de entrega constituye una vulneración directa de la transparencia y del derecho de control democrático de los concejales.
La negativa del gobierno municipal impide evaluar objetivamente la gestión de los recursos públicos y realizar el control político correspondiente, limitando además el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se ha gastado el dinero de todos los vecinos y vecinas, un derecho protegido por la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (artículo 9), que obliga a las administraciones a garantizar el acceso a la información económica y presupuestaria.
La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar ha denunciado que, la opacidad del gobierno no es solo una falta ética, sino un incumplimiento legal grave. No se puede gobernar a escondidas mientras se manejan millones de euros de todos los vecinos y vecinas. La ciudadanía y la oposición tienen derecho a conocer cómo se ha gastado el dinero público y cómo se han ejecutado los proyectos presupuestados.
Rodrigo Vasco, edil también de la formación de izquierdas, ha añadido que, la entrega de la ejecución presupuestaria no es opcional ni un favor, sino una obligación legal. El alcalde Aparicio está eludiendo deliberadamente esta responsabilidad, vulnerando los principios de transparencia y buena gestión recogidos en la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Transparencia. La ciudadanía debe saber en qué se ha gastado su dinero. Esta conducta podría derivar incluso en responsabilidad administrativa o política, por poner en riesgo el control democrático y la rendición de cuentas.
Desde Izquierda Unida exigen de manera inmediata la entrega completa de toda la información relativa al presupuesto de 2025, incluyendo ingresos, gastos, inversiones y compromisos pendientes, para que pueda ejercerse un control riguroso y garantizar que la gestión municipal cumpla con la legalidad vigente y con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad pública.
Ambos ediles han finalizado afirmando que, Azuqueca no puede permitirse que la opacidad se convierta en norma. La rendición de cuentas es un derecho irrenunciable de la ciudadanía y un deber ineludible de cualquier gobierno democrático. La persistente negativa a entregar información presupuestaria constituye una vulneración grave de la legislación vigente y un atentado contra la confianza de los vecinos en sus instituciones, que no puede quedar sin respuesta.
