Sobre las 05:00 horas del pasado domingo 23 de febrero, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sigüenza que se encontraba en la vía de servicio del Km. 55 de la Autovía del Nordeste, realizando un punto de verificación de alcoholemia, realizó la prueba de alcoholemia a un conductor de un vehículo que circulaba por el lugar, dando como resultado en la primera prueba 0,79 mg/l de aire espirado y en la segunda 0,81 mg/l.
Por este motivo se investigó al conductor como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.
El acompañante del conductor se hizo cargo del vehículo al dar negativo en la prueba de alcoholemia.
Interceptado en una segunda ocasión gracias a la colaboración ciudadana
Apenas 6 horas más tarde, sobre las 11.20 horas, un usuario de la vía mediante una llamada de colaboración ciudadana, alertó de que un conductor circulaba de manera irregular por la carretera N-320, a la altura de la localidad de Horche.
La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara consiguió interceptar al conductor y solicitó el apoyo de una patrulla del Subsector de Tráfico ya que el conductor mostraba síntomas evidentes de conducir bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.
La patrulla de la Guardia Civil de tráfico, al personarse en el lugar pudo comprobar que se trataba de la misma persona que había sido investigada horas antes. Sometido nuevamente a las pruebas de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,05 mg/l de aire espirado en la primera de las pruebas, negándose a realizar la segunda, motivo por el que nuevamente fue investigado al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negarse a realizar
las pruebas legalmente establecidas.
Consecuencias penales
El conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede constituir un delito contra la seguridad vial art. 379 del Código Penal y, caso de ser condenado por la autoridad judicial competente, será castigado con pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
El conductor que, requerido por el agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas puede incurrir en un delito contra la seguridad vial art. 383 del Código Penal y, caso de ser condenado por la autoridad judicial competente, será castigado penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
