El Gobierno de García-Page se ha mostrado “muy satisfecho” después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso del propio Ejecutivo regional contra el reparto de la recaudación del impuesto a la banca. Así lo ha manifestado su portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa, quien ha asegurado que es “un paso más a la hora de dar de darnos la razón” en un asunto que, según ha recalcado, “es de justicia y da respuesta al principio de Igualdad, consagrado en la Constitución Española”.
De hecho, la consejera ha subrayado que el Ejecutivo castellanomanchego se apoya en un informe “muy contundente” del Consejo Consultivo, que cuestionaba tanto la forma como el fondo del reparto que se había establecido en dicha ley. Según ha incidido, cuando se crea un impuesto que concierne hacer un reparto entre las comunidades autónomas, “tiene que hacerse en función de lo que se necesita y en función de la capacidad de cada uno”.
Sin embargo, la portavoz ha criticado que “pactaron dar más a quien más tiene”, algo que se opone al principio de Igualdad, “que siempre hemos defendido por encima de todo”. Por ello, ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya primado “el sentido común y lo que consagra la Constitución española”.
Unidad frente a la guerra arancelaria
En otro orden de las cosas, la portavoz ha revelado los datos relacionados con los sectores afectados por los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De este modo, ha informado que de los 348 millones de euros que en 2024 afectaron a las exportaciones de empresas de Castilla-La Mancha al país norteamericano, 130 millones de euros corresponden al sector agroalimentario. El más perjudicado de todos es el sector lácteo, según ha revelado, ya que, concretamente, el queso manchego tiene un peso “importante”; de hecho, estos tributos estarían afectando a un total de 77,4 millones de euros.
En cuanto a maquinaria y al sector industrial, ha subrayado que las pérdidas afectarían a más de 51 millones de euros; mientras que el sector del calzado estaría afectado en 30 millones de euros. Asimismo, las grasas y aceites se verán damnificadas en 25 millones de euros, a la vez que se producirá un perjuicio de 23 millones de euros para las bebidas producidas en Castilla-La Mancha, “de los cuales, 19 millones de euros son del vino”, ha señalado Padilla.
Sobre todo, Padilla ha querido poner el foco en que la guerra arancelaria “no afecta a quien la impone”, tampoco “a quienes apoyan a Trump”, sino que las víctimas son los propios ciudadanos y ciudadanas y, evidentemente, también las empresas y los productores, “que verán incrementados los precios”.
Por ello, Padilla ha insistido en que el Ejecutivo de García-Page continuará defendiendo “un modelo centrado en la unidad para poder conseguir lo mejor para nuestra región”. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo castellanomanchego no ha dejado de ir a Europa a “defender esos intereses” y también a “alzar la voz ante modelos que nos quieren imponer”, como es el de Trump, “que desde luego nos perjudica”.
Por último, ha asegurado que, ante tal perjuicio a la ciudadanía, “no se entiende” que en nuestra región la ultraderecha “aplauda” estas medidas, a la vez “que otros miran para otro lado”.
