Si hoy, en pleno siglo XXI, acudiésemos al aula de un instituto, a la sala de espera de un hospital o a un centro de trabajo y preguntásemos acerca de la Mutilación Genital Femenina, la mayor parte de las personas consultadas vincularían esta práctica atroz a tradiciones propias de algunas culturas o comunidades, en el pasado.
La triste realidad nos demuestra que esta práctica de tortura que afecta a mujeres, y muy especialmente a niñas menores, sigue presente en todo el mundo, también en España, y constituye un importante ejemplo de cómo la desigualdad y la violencia hacia nosotras ha formado y forma parte de una estructura social patriarcal. De un modo de organización de la sociedad, vinculado a la tradición, la cultura o la costumbre, que otorga a las mujeres una situación de desigualdad, traducida en violencia en su grado más elevado.
La Mutilación Genital Femenina constituye una forma de violencia hacia las niñas que aún hoy sigue existiendo y que supone una expresión extrema de la violencia de género que el conjunto de la sociedad debe conocer con el objetivo de combatir. De ahí la importancia de que en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidad declarase el 6 de febrero como día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, con el objetivo de acabar con ella por completo en 2030.
Ninguna religión y ningún país acepta formalmente esta práctica, aunque la tradición o la presión social, siguen pesando lo suficiente como para que, cada año, según la ONU, dos millones de niñas menores de cinco años sigan siendo sometidas a prácticas de mutilación genital, siendo ya 230 millones las mujeres que han sobrevivido a este tipo de violencia, que supone un grave atentado contra los derechos humanos más elementales.
Y hablamos bien de sobrevivir, porque este tipo de tortura no solo vulnera los derechos sexuales de las niñas que la sufren, sino que atenta contra su dignidad e integridad, con serios problemas y consecuencias sobre la salud, no solo desde un punto de vista físico sino también psicológico.
Hablando precisamente de salud, es importante señalar que otra injusta manera de tratar de mantener esta atrocidad como ‘costumbre’ pasa por hacer creer que el problema se acaba si la mutilación se realiza con supervisión médica, algo que sigue atentando contra los derechos de las niñas a desarrollar una vida plena en todos los sentidos. No se trata de dotar de herramientas sanitarias o de generar una tramposa seguridad médica a una forma de violencia que nos denigra como mujeres y que solo algunas aceptan o consienten por pura imposición social.
Cierto es que las cifras van en retroceso, pero no se puede ignorar que la Mutilación Genial Femenina, en mayor o en menor grado, sigue muy presente en países de África, Oriente Medio y Asia, y que, como también ocurre con otros tipos de violencia machista como la trata, existe en nuestra sociedad, aunque no seamos capaces de imaginarlo. Los estudios más actuales publicados por el Ministerio de Igualdad concluyen que más de 3.650 mujeres viven en riesgo de ser sometidas a la mutilación genital en España, cifras que entidades como Fundación Kirira elevan a más de 15.000.
El octavo eje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 recoge una serie de medidas y de compromisos vinculados a la lucha contra la Mutilación Genital Femenina. Una práctica que, aquí en Castilla-La Mancha, nuestra pionera Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, de 2018, ya tipificó como un tipo más de violencia de género que combatir, siguiendo la línea marcada por el Convenio de Estambul.
Al amparo de estos y otros textos legales, y bajo el firme compromiso de erradicar cualquier expresión de desigualdad y violencia hacia las mujeres, el Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolló el Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en la región, implicando a varias de sus áreas, así como a asociaciones y entidades que trabajan con niñas y mujeres víctimas de esta práctica, con víctimas potenciales y también con países en los que esta forma de violencia está más arraigada.
Desde entonces, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, ha destinado 350.000 euros a la lucha contra la Mutilación Genital Femenina y a la atención de las niñas y mujeres que la sufren, apoyando y financiando 32 proyectos de entidades que previenen y combatir esta forma de violencia. Este es nuestro compromiso, el de seguir luchando contra cualquier tipo de violencia machista, recordando a la sociedad las múltiples expresiones en las que se manifiesta, aunque en muchos casos nos parezcan ya inexistentes. La Mutilación Genital Femenina existe y hay que acabar con ella.
Opinión de Sara Simón Alcorlo. Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha
