La senadora del Partido Popular por Guadalajara, María Patricio, ha asegurado que desde el Partido Popular “creemos que otra forma de gobernar es posible”, por esta razón, van a proponer desde el Senado un conjunto de leyes para su aprobación por las Cortes Generales, “que sirvan para resolver problemas que preocupan hoy a los ciudadanos”. Así se ha pronunciado Patricio en rueda de prensa donde ha recordado que el pasado miércoles se aprobó en el Senado la primera de las leyes Feijóo. “El PP si está centrado en los problemas que hoy preocupan a los españoles y no en las peticiones y chantajes de un prófugo de la justicia para mantenerse en el gobierno”.
Patricio ha reprochado al PSOE que votara en contra. “De nuevo, el PSOE de Sánchez, de Page y de Rojo se pone del lado de los delincuentes y contra los ciudadanos honrados que, con sus ahorros, fruto de su trabajo y esfuerzo, se han comprado una vivienda y, una vez más, el PSOE ataca a la Constitución que recoge el derecho a la propiedad privada”.
La senadora popular ha señalado que el PP ha registrado “una Proposición de Ley para atajar el problema de la okupación ilegal de viviendas, creando un marco legal para luchar contra los delincuentes en lugar de buscar amnistiarlos”.
La normativa actual “no da solución al problema y la aprobación de la Ley de la Vivienda no ha hecho más que agravarlo, ya que se ha reducido la oferta del alquiler en un 30% y los precios han subido una media del 40%”.
Para plantar cara al grave problema de la okupación ilegal “es necesario un marco jurídico preciso que debe partir de la tolerancia cero hacia este fenómeno, la protección de la propiedad privada sin olvidarnos de las personas en situación vulnerable”. Patricio ha manifestado que las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social “no tienen nada que ver con la okupación ilegal y, por supuesto, hay que ayudar a estas personas con viviendas públicas y sociales, pero no con promesas incumplidas cono hace el PSOE, ¿dónde están las 400.000 viviendas prometidas por Sánchez?”. La senadora ha aseverado que “a un okupa no se le desahucia, se le desaloja y al vulnerable se le protege, el gobierno no puede desentenderse y trasladar su responsabilidad a la ciudadanía”.
Esta Proposición de Ley del Partido Popular nace de la preocupación de buena parte de la sociedad española ante el incremento de este fenómeno en un 37% desde que Sánchez gobierna, según datos del Ministerio del Interior. En 2022 (último año completo del que hay datos) se registraron 16.726 denuncias por okupación, casi 46 al día. En la provincia de Guadalajara ha descendido ligeramente y se sitúa en 34 casos.
Igualmente ha explicado que la okupación apoyada en interpretaciones de la legislación efectuadas de mala fe, además de atacar el derecho a la vivienda (art.47) y a la propiedad privada (art. 33) recogidos en la Constitución Española, “provoca muchos problemas de convivencia vecinal, pone en riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes que llevan a la degradación de barrios completos generando alarma social en gran parte de la sociedad”.
Por ello, es preciso reforzar el ordenamiento jurídico “para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal, proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”. La senadora ha detallado algunas de las acciones que contempla la Ley Antiokupación del PP; obliga al desalojo voluntario en 24 horas, si no es así, transcurridas esas 24 horas se puede desalojar de manera forzosa; prohíbe el empadronamiento en una vivienda ocupada; elimina la condición de “morada” de la vivienda ocupada para los ocupantes ilegales; habilita a las comunidades de propietarios a acudir a la autoridad (en caso de actividades prohibidas, molestas, insalubres, etc.); incluye los delitos asociados a la ocupación (allanamiento y usurpación) en los procedimientos susceptibles de enjuiciamiento rápido, para evitar dilaciones judiciales, y modifica el Código Penal para el endurecimiento de las penas y la inclusión de nuevos supuestos penales, como alentar o promover la okupación.
