Tras un proceso judicial iniciado por CCOO en 2018, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha ratificado la sentencia del Juzgado Social nº 1 de Toledo, de 17 de diciembre de 2021, que estimó la demanda del sindicato CCOO en el sentido de declarar el incumplimiento de la entonces Consejería de Agricultura de su obligación de efectuar el preceptivo trámite de consulta, negociación y participación previo al inicio del procedimiento administrativo referido a la licitación del contrato de suministro, de diciembre de 2017, para la adquisición de equipos de protección individual contra riesgos por incendios forestales para Agentes Medioambientales y otro personal de la JCCM.
La Sala de lo Social del TSJ completa ahora la sentencia de primera instancia condenando a la Administración a subsanar dicho incumplimiento, abriendo el preceptivo trámite de consultas omitido en el expediente de contratación referido, permitiendo las propuestas de los/as delegados/as de prevención, y emitiendo en su caso, la correspondiente decisión motivada.
“Difícilmente se podrán materializar correcciones en unos equipos adquiridos y entregados ya hace cinco años, pero nuestros delegados/as acudirán, como lo hacen siempre que se les convoca, al trámite de consulta para señalar las deficiencias y mejoras necesarias de aquellos equipos y de los futuros para lo que la Administración debe convocar el preceptivo Comité de Salud Regional”, indica José Luis Martínez, coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC CLM.
“Lo que sí esperamos es que esta sentencia sirva de recordatorio a la actual Consejería de Desarrollo Sostenible, cuyos responsables parecen no haberse dado por aludidos, a pesar de nuestros requerimientos, en su obligación de diligencia en el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales”
“Como ya hemos venido denunciando, esta Consejería ha cometido idéntica omisión de consulta en la compra de chalecos entregados a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales. El resultado de su soberbia gestión ha sido la adquisición de chalecos no ignífugos -que, por tanto, no pueden utilizarse en los incendios. Tampoco los/as agentes medioambientales (AAMM) de nuevo ingreso tienen chaquetón ignífugo, a pesar de ser una prenda recomendada por el servicio de prevención al estar así tipificado en la normativa específica del Cuerpo”, denuncia Martínez.
Otra actuación imprudente de la Consejería en relación con la seguridad laboral de los/as AAMM es la no reposición de los casos en la fecha de caducidad indicada por el fabricante, aduciendo que, diga lo que diga el que fabricante, los cascos “no caducan nunca». Así pues, no se reponen nunca, salvo rotura.
Todos los EPIs tienen establecido un tiempo de vida útil y dicha información aparece consignada en cada elemento del equipo; pero las indicaciones de los fabricantes no tienen relevancia ninguna a juicio de nuestra consejería de Desarrollo Sostenible.
De hecho, al igual que adquiere los EPIs saltándose la obligación de consulta que establece la Ley de Prevención, también ha instaurado su propia fórmula para decidir cuando toca reponerlos: En vez de atender a los plazos prescritos por los fabricantes, cada AAMM debe rellenar una ‘ficha de autoevaluación’ indicando si su equipo de protección sigue en condiciones de ser usado, traspasando a los/as trabajadores/as la responsabilidad que la Ley confiere a la Empresa.
“Capítulo aparte merece el estado de los vehículos de los AAMM, manteniendo un parque móvil muy deteriorado; con vehículos con más de 18 años y cerca de los 400.000 kilómetros con los/a agentes tienen que desplazarse a prestar servicio a incendios forestales, como el ahora activo de Ocentejo o los últimos incendios de Castellón, a los que acudieron con un Nissan Pathfinder de segunda mano, desechado por la empresa pública de Geacam, y un Nissan Terrano de más de 18 años de antigüedad y más de 300.000 km hechos por caminos y trochas para acudir a emergencias.
Vehículos que no sólo son inadecuados para la eficacia que requiere el servicio, sino que constituyen un grave riesgo para la seguridad de los/as profesionales que, recordemos, atienden situaciones de emergencia”, advierte Martínez.
“Y la realidad es que, aunque el consejero haya anunciado nuevos vehículos para los/as agentes, en la campaña de incendios de este 2023 volverán a ir con los mismos del año pasado, pero un año más viejos y con más kilometraje.”
Si los casos señalados sobre gestión en la adquisición, dotación y renovación de equipos y medios merecen denuncia, no es menos censurable que los/as agentes tengan que irse a sus domicilios con sus equipos impregnados de humo, cenizas o sustancias tóxicas de todo tipo tras prestar servicios en incendios o en cualquier otra emergencia en el mundo rural, puesto que la Administración incumple con su deber de limpieza de estos EPIS. Por si fuera poco, en muchos centros tampoco hay duchas ni vestuarios adecuados.”
“Prácticamente finalizada esta legislatura, desde CCOO lamentamos que los escasos avances en las condiciones laborales del Cuerpo Profesional de Agentes Medioambientales se hayan logrado, no por la supuesta disposición negociadora y de mejora de la administración, sino a golpe de las sentencias judiciales promovidas por denuncias como de la del TSJ de la que hoy hemos dado cuenta.”
“Nada ha habido de los compromisos de mejoras para los/as agentes para esta legislatura, que el consejero de Agricultura expresó públicamente al final de la anterior. Nada hay de los compromisos de mejoras aseverados en las mesas de participación por los/as actuales responsables de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Nada, tampoco, de recuperación de empleo, sino al contrario”
“Todavía es tiempo de rectificar. Desde CCOO instamos a la administración a una reflexión para mejorar las cosas desde el ámbito de la negociación y del acuerdo, haciendo innecesario que volvamos a tener que informar de una nueva sentencia por vulneración de los derechos de las empleadas y empleados públicos.”
