Hace unos días el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, expresó en La Tribuna de Ciudad Real su determinación de seguir aumentando el número de proyectos de energía renovable (macroproyectos eólicos y fotovoltaicos) en nuestra comunidad autónoma, lo que significa sin lugar a duda seguir expropiando a los castellano-manchegos sus propiedades por encontrarse éstas en ubicaciones elegidas por las empresas para macroproyectos fotovoltaicos o eólicos y sus infraestructuras de evacuación.
Con gran sentido del humor, ironizó sobre cómo su gobierno sortea a los “multiplataformistas” que se oponen a estos proyectos, asegurando que va a doblar la potencia eléctrica instalada, aun siendo ya la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha exportadora de energía eléctrica y líder en energía renovable.
Es desafortunado que se menosprecie el enorme problema que sufre el mundo rural con la expropiación forzosa de terrenos que están sufriendo cada vez más castellanomanchegos y sus esfuerzos para defender sus derechos ante grandes empresas eléctricas y fondos de inversión. Curioso que un gobierno que se considera socialdemócrata no tenga problema en expropiar a los ciudadanos en favor del capital y, además haga bandera de ello. Quizás más que expropiar deberíamos decir robar, porque se expropia a la baja, sin respetar el justiprecio adecuado y abusando de la figura de Utilidad Pública que se ha convertido en bandera para justificar todos los atropellos injustificables hacia una ciudadanía indefensa.
Se van repitiendo los casos: Solaria no respeta las negociaciones con los ciudadanos afectados por los proyectos de Peralveche (Guadalajara) y sus infraestructuras de evacuación; no se llega a un acuerdo sobre el justiprecio, ¿para qué? La empresa sabe que puede hacer lo que quiera, imponer una miseria como compensación por una expropiación forzosa, por la expropiación de terrenos que dan de comer a muchas familias. La empresa sabe que puede entrar en los terrenos para comenzar las obras sin necesidad de llegar a ningún acuerdo con los propietarios. Exactamente el mismo abuso que perpetró hace pocos meses la empresa Renovalia en los terrenos afectados por los proyectos de Bolarque I, II y III, también en la provincia de Guadalajara, entrando en los terrenos sin respetar los plazos del procedimiento y ofreciendo una miseria de compensación por la ocupación de las parcelas.
Vivimos en una sociedad enloquecida donde los derechos de los ciudadanos se diluyen para el beneficio del oligopolio eléctrico y de los fondos de inversión con la complicidad de las administraciones (da lo mismo el color). Los ciudadanos perdemos nuestros terrenos con el fin de favorecer a negocios privados impulsados por compañías de cualquier parte del mundo; y encima se nos exige sonreír porque es por el bien común y para solventar la emergencia climática.
Señor Page, los “multiplataformistas” seguiremos peleando por nuestros derechos ya que vivimos en un país con democracia: seguiremos peleando por nuestros terrenos, nuestros paisajes y nuestro modo de vida; seguiremos peleando para que el mundo rural reciba el trato respetuoso y digno que merece, y para que nuestra voz se escuche y sea por fin respetada.
Opinión de ALIENTE en Guadalajara
(ALIENTE, Alianza Energía y Territorio, es una plataforma estatal conformada por más de 200 asociaciones y entidades desplegadas por todo el territorio nacional que trabaja por una transición energética realmente justa, verde y sostenible)
