Durante la mañana de hoy la diputada socialista al Congreso por Guadalajara, Magdalena Valerio, y los senadores Rafael Esteban y Riansares Serrano, han mantenido un primer encuentro con los nuevos representantes de los dos principales sindicatos en la provincia, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Tanto Francisco José Sánchez como Javier Morales han sido recientemente elegidos secretarios generales de sus respectivas formaciones para la provincia de Guadalajara.
La reunión ha servido como primera toma de contacto de cara a abordar, más en profundidad, los actuales problemas que existen en el ámbito laboral provincial, los cuales deben ser encarados con prontitud ante la inminente finalización de los ERTES pactados por el Gobierno y las organizaciones empresariales para el sostenimiento del empleo durante el proceso pandémico que viene sufriendo el país durante el último año. Tanto los parlamentarios socialistas como los líderes sindicales se han emplazado a futuros encuentros en los que coordinar líneas de trabajo gracias a las cuales, junto a la patronal, se puedan encontrar soluciones a los problemas de temporalidad y precariedad recrudecidos por la difícil situación económica.
Asimismo, los representantes socialistas han dado cuenta de la reciente derogación del artículo 315.3 del Código Penal, introducido por el anterior gobierno del PP, mediante el cual se criminalizó la labor de los piquetes informativos sindicales durante las huelgas convocadas por los trabajadores en defensa de sus derechos y puestos de trabajo. En aplicación de este artículo centenares de sindicalistas han tenido que afrontar duros procesos penales, afrontando fuertes sanciones económicas e incluso penas de cárcel.
Gracias a la derogación del mismo, que ya ha superado la tramitación parlamentaria en ambas cámaras, Congreso y Senado, los incumplimientos de la ley que regula el derecho a huelga y manifestación tendrán una consideración de infracción civil pero no penal, garantizando una aplicación de sanciones proporcionadas y que no entren en conflicto directo con el derecho a sindicación y huelga de las personas trabajadoras, recogido en el Artículo 28 de la Constitución Española.
