Poca novedad os puedo contar cuando os digo que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma más extensa de España. Así lo avalan sus 79.409 km2 (el 15,7% del territorio nacional) y sus 2.120.261 de habitantes. Sin embargo, su densidad de población es de 27 habitantes por km2, muy baja si la comparamos con los 97 habitantes por km2 de media de nuestro país o los 140 habitantes por km2 de la Región de Murcia. Parece que sólo son cifras. Números que quedan muy bien en cuadros estadísticos que en ocasiones juzgan las necesidades de una comunidad autónoma, diputación o localidad por parte de los distintos ministerios.
Esto ha ocurrido con la reciente propuesta del Ministerio de Transportes de España que pretende suprimir más de 70 paradas en la línea de autobuses Madrid-Teruel-Valencia, 28 de ellas en la provincia de Guadalajara, y 11 en la de Cuenca. En Guadalajara, se estima que entre el 80 y el 90% de las paradas serían eliminadas, mientras que, en Cuenca, afectará principalmente a pueblos que se encuentran fuera de los principales ejes viales. Además, son zonas con una población mayor de 65 años y sin vehículo propio, por lo que tendrán que desplazarse en algunos casos hasta 60 kilómetros para acceder al transporte público.
Mientras tanto, el Ministerio lo justifica en base a criterios de eficiencia, reducción de tiempos de viaje y disminución del coste de los billetes. Además, la propuesta de transferir la responsabilidad de estas rutas a las comunidades autónomas, como es el caso de la nuestra, implica un sobrecoste estimado de 13 millones de euros, una carga económica y financiera que muchas regiones no van a poder asumir.
No obstante, me pregunto, ¿qué valor tiene para el Ministerio esa España despoblada y las personas que en ella habitan? ¿qué consideración tienen hacia Castilla-La Mancha? ¿somos una región de paso a la que hay que cercenar sus oportunidades de crecimiento? Si todo esto se circunscribe a cifras económicas, hablemos de cifras económicas… Castilla-La Mancha, en 2024, ha presentado unas cifras de crecimiento en el PIB del 2,6%, o una tasa de desempleo por debajo del 12% con una tendencia al decrecimiento. Cifras que no son casualidad, ya que somos una de las Comunidades Autónomas con menor presión fiscal, donde las empresas quieren asentarse gracias a esos incentivos, y tenemos la suerte de ser un paraíso natural, turístico, y gastronómico que hace que las personas que aquí vivimos no queramos irnos de nuestra comunidad por la gran calidad de vida que tenemos.
Castilla-La Mancha no puede mirarse solo a través de las cifras, debe mirarse en un conjunto amplio e inclusivo en el que todas y todos somos importantes, desde las zonas más pobladas hasta las menos pobladas. Debe mirarse en un contexto de derechos y justicia social en el que todos sus ciudadanos tengamos derecho a vivir donde queramos y a tener un buen acceso a los recursos, además de verse atendidas nuestras necesidades. Gracias a esa visión global y de conjunto, el 21 de noviembre de 2019 se aprobó en nuestra región el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha que desde su puesta en marcha ha logrado que más de 36.000 mujeres se hayan inscrito en la PAC, representando aproximadamente un tercio del total de solicitantes; que el 40% de los miembros de los órganos de dirección de las organizaciones profesionales agrarias sean mujeres; que se haya incrementado la presencia femenina en las juntas directivas de cooperativas, con cerca de una veintena de mujeres liderando estas entidades; o se hayan implementado talleres y cursos de formación en igualdad y desarrollo rural en diversas localidades de nuestra región.
Tampoco podemos olvidarnos de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Una legislación pionera en España y que ha logrado, hasta la fecha, un saldo migratorio positivo de más de 11.500 personas en localidades catalogadas en riesgo o extrema despoblación, además de un aumento en la instalación de empresas y la rehabilitación de viviendas en el medio rural.
Por todo ello, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha se ha posicionado y se posicionará siempre en contra de medidas de este tipo y del lado de nuestra tierra. Medidas que coartan la libertad de nuestros vecinos y vecinas y que limitan el crecimiento de nuestro territorio, especialmente en aquellas zonas menos pobladas. Medidas que suponen un intento de aislar y fomentar la despoblación contra la que tanto tiempo llevamos luchando y en la que las cifras nos avalan. Como dice nuestro presidente, Emiliano García-Page: “defenderemos nuestra tierra por encima de todo” y me atrevería a completar estas palabras diciendo… “y la defenderemos con una visión global y de conjunto donde todos cabemos”.
Esa filosofía es la que muchas y muchos tenemos en Castilla-La Mancha y por eso nos hemos unido a las alegaciones presentadas por la Junta de Comunidades y las diputaciones de Guadalajara y Cuenca a través de alegaciones presentadas por ayuntamientos o por los grupos socialistas de los ayuntamientos de nuestra comunidad. Alegaciones que piden que no se supriman estas paradas, que se mantenga la red actual de paradas, que las decisiones del Ministerio de Transportes se coordinen con las políticas de lucha contra la despoblación, y que se refuerce el transporte público como herramienta de equidad, sostenibilidad y vertebración territorial.
Decía Ludwig Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Una frase muy acertada y que espero que el Ministerio tenga en consideración porque esto no es solo una cuestión de transporte o cifras, sino también de dignidad y justicia social. Los habitantes de nuestra tierra se merecen un acceso equitativo a los mismos servicios que los de las áreas urbanas. Es fundamental que el Ministerio de Transportes reconsidere esta medida y trabaje junto a las comunidades autónomas por un transporte publico que responda a las necesidades de todos los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás.
Opinión de Miguel Óscar Aparicio de Lucas. Secretario de Desarrollo Sostenible PSOE-CLM
