El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfonso Esteban, ha informado en rueda de prensa que en la mañana de hoy la Junta de Gobierno de la Institución Provincial ha dado la razón al Grupo Popular en relación a la suspensión del acuerdo relativo a los Consorcios que se adoptó el 19 de diciembre en un órgano que no era competente para ello.
Por tanto, el equipo de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha admitido que la aprobación por Junta de Gobierno de distintos acuerdos adoptados relativos a los Consorcios de la Institución no se realizó de acuerdo a la ley. Esteban ha recordado que el Grupo Popular ya argumentó hace un par de semanas que la Junta de Gobierno no era competente para decidir sobre este asunto porque quien tiene capacidad para hacerlo es Pleno de la Corporación Provincial “y esa competencia en ningún momento se ha delegado en favor de la Junta de Gobierno. Por ello, es nulo de pleno derecho dado que ha sido adoptado por un órgano que no podía decidir”.
Por ello, Vega ha tenido que rectificar y llevar dicho asunto a la Junta de Gobierno que la Institución ha celebrado esta misma mañana para declararlo nulo de pleno derecho por haber sido tomado por órgano manifiestamente incompetente. Exactamente, en el punto dos del orden del día, estimación del recurso potestativo de reposición interpuesto por el Grupo Popular instando a la suspensión del acuerdo de Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2019.
Con esta comprometida maniobra pretendían llegar a un pacto extrajudicial de todas las partes implicadas: Diputación, Consorcios y los seis ayuntamientos del PSOE que en su momento recurrieron judicialmente la modificación de los estatutos de ambos consorcios. El portavoz ha recordado que gobernando el PP y como consecuencia de modificaciones legislativas se vio obligado a primero adecuar los órganos de Gobierno de los Consorcios, y segundo modificar los estatutos para adecuarlos a la ley de racionalización y posteriores modificaciones. En aquel momento, estos seis ayuntamientos gobernados por el PSOE, y a instancia del propio portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Julio García, recurrieron aquellos acuerdos y por tanto judicializar el asunto. Ya hubo una primera sentencia en el contencioso de Guadalajara que dio la razón a la Diputación, gobernada por el PP, diciendo que el procedimiento estaba impecable y posteriormente esos ayuntamientos recurrieron en apelación ante el TSJCLM.
Ahora, ha explicado el diputado provincial Jesús Herranz, lo que pretendían con esta artimaña de retirarse del procedimiento es no tener que pagar costas, “pero olvidan que ya hay una sentencia que anula sus pretensiones y que avala que los acuerdos de aquel entonces son perfectamente válidos y ajustados a derecho, y fundamentados con informes técnicos de funcionarios de esta casa a los que el Partido Socialista denostó al judicializar el asunto”.
Igualmente, Herranz ha adelantado que “si de manera inmediata el presidente Vega no da traslado a la representación procesal de la Diputación ante el TSJCLM para que levante la suspensión de los procedimientos en cuestión, el Grupo Popular se reserva las acciones judiciales, incluso penales, que estime oportunas”.
Finalmente, desde el Grupo entienden que una vez más queda acreditada la incompetencia del Gobierno de la Diputación para llevar a cabo proyectos nuevos, “lo único que hace es meterse en líos y hacer chapuzas en detrimento de los municipios de la provincia. Da vergüenza que una Junta tenga que anular un acuerdo porque se haya adoptado en un órgano incompetente para adoptarlos”. Igualmente ha aseverado que “lo que tiene que hacer Vega es dedicarse a trabajar por los municipios de la provincia y no intentar beneficiar a unos pocos alcaldes del PSOE a quienes abocaron cuando estaban en la oposición a recurrir las decisiones sólo porque eran tomadas por un Gobierno del Partido Popular”, han concluido
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