En el último Pleno, se aprobó una Moción contra la Ley de Amnistía con los votos a favor del PP, CONTIGO y VOX y los votos en contra del PSOE, es decir apoyando dicha Ley de Amnistía.
La portavoz del PSOE en el consistorio ha fundamentado el voto de su formación en el hecho de desmentir que el PSOE no puede votar en contra de algo “no existe”.
Esta afirmación de la portavoz del PSOE, según el equipo de gobierno de El Casar, además de ser una “excusa de mal pagador”, está fuera de lugar, ya que es una “tomadura de pelo a todos los casareños y casareñas, a la vista de la negociación del mes de octubre y de la culminación de la misma con la firma del acuerdo en el día de ayer, por parte de su partido y el partido de Puigdemont”.
El equipo de gobierno (PP, CONTIGO, VOX) ha manifestado su postura en contra de la Ley de Amnistía, puesto que considera que este pacto supedita los intereses de todos los españoles y españolas, a los intereses personales de Pedro Sánchez, explicando que la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional y no al interés personal de quien a toda costa quiere “sentarse en un sillón”.
El hecho de llevar a cabo este pacto pone en grave riesgo la democracia, al poner en riesgo un pilar fundamental como es la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, que imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional.
El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático, siendo inadmisible la conformación de comisiones parlamentarias de investigación, que fiscalicen la actuación jurisdiccional.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía, esa que ahora defienden para mantenerse en el poder.
El equipo de gobierno considera que seguir adelante con esto, es un acto de una inconstitucionalidad flagrante.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos y vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española, ya que se demuestra que para “la casta” no hay delitos y no son iguales ante la ley, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.
