El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado una moción en la que la Institución Provincial se posiciona a favor de un modelo de financiación autonómica y local “equitativo, justo y solidario” que tenga en cuenta “las particularidades y necesidades de Castilla-La Mancha para sufragar el Estado del Bienestar como consecuencia de la ruralidad, el despoblamiento y la dispersión demográfica”. La moción ha contado con el apoyo de los grupos del PSOE y del PP, mientras que Vox ha votado en contra.
El acuerdo se ha logrado en torno a la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Socialista a una moción sobre el mismo tema presentada inicialmente por el Grupo Popular. Las aportaciones del Grupo Socialista aceptadas por los diputados populares han permitido que en el texto se cite de manera explícita a Castilla-La Mancha y sus necesidades de financiación específicas, apostando por un modelo que reconozca “la diversidad y las características propias de cada comunidad autónoma”.
De esta forma, en el texto definitivo se han suavizado o suprimido expresiones que podían alentar la división y la confrontación partidista y entre territorios, que se han sustituido por un planteamiento unitario en defensa de los intereses de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, tal como ha destacado la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Arantxa Pérez Gil.
Arantxa Pérez Gil ha “valorado positivamente y agradecido la disposición del principal grupo de la oposición a consensuar este acuerdo” porque “la posición política útil y práctica en este tema es la unión en la defensa de los intereses de la ciudadanía de nuestra provincia y nuestra región, y no lo es quedarse en la confrontación partidista”.
Defender la unidad de España a través de la solidaridad y cooperación interterritorial.
El texto de la moción aprobada expresa el compromiso de la Diputación de Guadalajara “con el principio de igualdad entre todos los españoles”, que “debe ser interpretado dentro del contexto de la diversidad territorial, reconociendo las particularidades de cada comunidad autónoma como una riqueza que contribuye al desarrollo y cohesión del conjunto del país”.
Para ello, la Diputación se posiciona a favor de “impulsar una reforma integral del sistema de financiación autonómica y local que tenga en cuenta las características sociodemográficas, la dispersión, la despoblación y las formas de asentamiento de la población”, con “respuestas adaptadas a las realidades específicas de cada comunidad autónoma, siempre dentro del marco constitucional y en beneficio de la cohesión y el desarrollo conjunto del país”.
La exposición de motivos finaliza señalando que “es imprescindible defender la unidad de España mediante la promoción de la solidaridad y la cooperación entre las diferentes comunidades autónomas” con “la implementación de políticas que favorezcan el desarrollo equilibrado de todas las regiones”.
Resolución con seis puntos de acuerdo.
La parte resolutiva de la moción aprobada consta de los siguientes seis puntos de acuerdo:
Primero: Reafirmar desde la Diputación Provincial de Guadalajara el compromiso con el principio de igualdad entre todos los españoles recogido en la Constitución Española, reconociendo la diversidad y las características propias de cada Comunidad Autónoma.
Segundo: Velar por el equilibrio económico y social, así como por el crecimiento cohesionado y justo entre las diversas partes del territorio español, conforme a lo establecido en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución.
Tercero: Fomentar un diálogo constructivo y colaborativo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, buscando un modelo de financiación autonómica que sea equitativo y solidario e impulsando una reforma integral del sistema de financiación autonómica y local que tenga en cuenta las características específicas de cada territorio y garantice el acceso a servicios públicos de calidad para todos los españoles.
Cuarto: Reconocer y valorar en el sistema de financiación las particularidades y necesidades de Castilla-La Mancha para sufragar el Estado de bienestar como consecuencia de la ruralidad, el despoblamiento y la dispersión, así como implementando medidas adaptadas a contemplar otras realidades específicas de otras regiones, dentro del marco constitucional, que garanticen la igualdad de todos los españoles al acceso de los servicios públicos.
Quinto: Fortalecer la unidad de España mediante políticas de solidaridad y cooperación entre las diferentes Comunidades Autónomas, promoviendo el desarrollo equilibrado de todas las regiones.
Sexto: Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
