De todos es conocida la situación que se está viviendo en todo el territorio de nuestro país. Una situación provocada por la gestión nefasta de un gobierno que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. En nuestra región, el gobierno ha dado la espalda a muchísimos empresarios. Ha dejado atrás a sectores tan básicos como importantes para que la economía de nuestra región siga funcionado con la maquinaria al máximo.
Una seña de identidad, como es el toro bravo, está sufriendo la mayor estocada, la cual empieza por la discriminación premeditada desde las administraciones. Las empresas que se dedican a la crianza del toro bravo también necesitan que les echen un capote. Tanto las más grandes como las más pequeñas. Para que sirva como ejemplo, el precio que se paga por un toro bravo para mantener el equilibrio entre lo invertido en su crianza y no tener pérdidas, es de aproximadamente unos 5.000€ de media. Hoy en día, en un matadero, se están pagando 400€ por un toro bravo. La abismal diferencia de 4.600€ hace totalmente insostenible la situación para quienes viven y comen de la crianza de una seña de identidad regional y nacional única en el mundo. Estas empresas también necesitan esas ayudas, las cuales les corresponden, independientemente de su actividad. La eliminación de la tauromaquia supondría un impacto económico negativo de proporciones mayúsculas para nuestra región, y también para España. Los animales no entienden de pandemias, ni de negación de ayudas.
Ellos comen todos los días, necesitan cuidados veterinarios todos los días, y sus criadores y cuidadores no tienen los medios económicos para poder mantenerlos. El gobierno de Castilla-La Mancha dedica partidas presupuestarias para muchas actividades, pero se las niega a empresas fijadoras de población rural, empresas que gracias a su actividad, mantienen muchísimas hectáreas de flora y fauna únicas, empresas que mantienen un valor biológico único, y una raza bovina milenaria.
Quiero recordar con especial énfasis que el incumplimiento de la constitución por parte de las administraciones no se debe pasar por alto, ya que por la ley 18/2013 del 12 de noviembre, la tauromaquia se declaró Patrimonio Cultural de España, y por lo tanto, debe ser PROTEGIDA, PROMOVIDA Y PROMOCIONADA por parte de las administraciones. Si el progresismo del gobierno conlleva la extinción de una especie animal milenaria, la despoblación, la pobreza, el hambre y la discriminación, yo no quiero progresar. Yo quiero seguir protegiendo las especies animales, la población rural, la independencia propia para no tener pobreza, para no pasar hambre, y sobre todo, no quiero discriminar a nadie por su actividad profesional.
Opinión de Úrsula Duque Sánchez. Secretaria regional de Asuntos Taurinos del Partido Popular de Castilla-La Mancha.
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