Ha quedado constituida una una nueva plataforma en Guadalajara contra la planta de biogás planificada en Brihuega. Se crea para coordinar la oposición vecinal a la planta y neutralizar la campaña de desinformación de la empresa, su estrategia para eludir controles ambientales y refutar la argumentación interesada de la alcaldesa de romancos. Los pueblos que se verían más afectados no han sido informados ni consultados cuando la planta industrial puede tener importantes afecciones ambientales en la zona.
Los vecinos de los pueblos alcarreños de Brihuega, Archilla, Valdesaz, Valdeavellano, Caspueñas y Romancos se han encontrado con la sorpresa del proyecto de una enorme planta de biogás en su entorno. El proyecto Lavanda, con capital del fondo de inversión Goldman Sach y desarrollado por la empresa alemana Verdalia Bioenergy, se plantea transformar 80 mil toneladas de residuos anuales para producir 75 GWh anuales de Biometano. La planta, que se quiere ubicar a 2 Kms de Archilla y a poco más de Valdesaz, produciría también 70.000 tm de lo que se llama digestato, en teoría para ser convertido en bio-fertilizante comercializable. A cambio promete una supuesta lluvia de millones y decenas de puestos de trabajo.
Estas plantas de biogas tienen sentido cuando se trata de instalaciones pequeñas, que dan solución a los problemas locales de generación de residuos agroganaderos: es el modelo de Alemania, Holanda, etc. Pero la que se plantea es una gran instalación industrial de gestión de residuos encubierta, que inicialmente recibiría más de cien camiones de diarios con gallinaza (después pueden ser lodos de depuradoras, restos cárnicos, purines, etc. de cualquier parte del país) por uno de los accesos a los campos de lavanda de Brihuega, en una zona de paseo de los brihuegos, a unos metros del límite del Paisaje Protegido Valle del Río Ungría y de manantiales que siguen abasteciendo de agua a los pueblos afectados.
Aparte de toneladas de residuos orgánicos, necesita miles y miles de litros de agua y de ayudas públicas para ser rentable. De hecho, en su primera reunión pública, la empresa dijo haber elegido el sitio por su abundancia de agua y ha empezado haciendo trampa. Ha solicitado dos sondeos para extracción de agua sin dar datos de cuál va a ser el consumo final ni de qué va a hacer con las aguas residuales: no ha presentado ningún proyecto concreto y ha fraccionado las peticiones, buscando eludir una evaluación ambiental integral que detecte el impacto medioambiental real de la planta, contaminación, olores, etc. Ante el estupor de todos los presentes, el técnico de la empresa dijo que, como la Alcarria está contaminada con nitritos, hacen un favor al vaciar el agua del acuífero y que, esparciendo en el campo el pellet de biocombustible podría acabarse con el problema.
Respecto a la financiación pública, estos macroproyectos son iniciativas de grandes capitales para captar fondos europeos Next Generation (que pagamos todos), amortizar la inversión rápidamente y pasar a otro negocio, después de haber mancillado el entorno rural en el que desembarcan. Si el plan de negocio no funciona (el biofertilizante es muy difícil de comercializar, como saben en APAG), se terminarán deshaciendo de él construyendo un vertedero o derramándolo en zanjas o en el campo sin más control -las palabras del ingeniero de la empresa así lo insinuaban-, como ya ocurre en otras instalaciones similares que hemos visitado, con la contaminación irreparable de manantiales y acuíferos. Sin hablar de los olores, con balsas de pretratamiento de residuos a cielo abierto: quienes conocen Rivas-Vaciamadrid, saben de qué hablamos.
No nos engañemos: ¿Qué hay de ecológico en tener que transportar 80 mil toneladas anuales de purines, gallinazas y otros residuos? ¿Qué se hace después con ellos? ¿Es una forma indirecta de justificar y aprobar en la zona proyectos de ganadería industrial? La empresa tiene la intención de solicitar a la Junta la categoría de Proyecto Prioritario, por lo que sería su aportación a la reactivación económica de la zona alcarreña, hasta ahora conocida por sus paisajes, el turismo, la miel y campos de lavanda. Semejante proyecto iría en contra del modelo de desarrollo rural sostenible defendido por Brihuega y los municipios circundantes, dañaría económicamente a quienes tienen negocios y viviendas en la zona y serviría para ahuyentar población, como han defendido sus alcaldes en un comunicado publicado hace unos días. https://brihuega.es/noticias/comunicado-oficial-sobre-el-proyecto-de-instalacion-de-una-planta-de-biogas/
La alcaldesa de Romancos ha asumido que la industria de biogás es una oportunidad mágica. Cierto es que se beneficiarían los propietarios de las parcelas afectadas y las arcas municipales de su pueblo; incluso es posible que le llegara algún puesto de trabajo (tras analizar proyectos similares, sabemos que no crean más de 5). Pero el precio a pagar sería muy alto para el resto de la comarca. Por lo tanto, son exigibles más responsabilidad y más solidaridad a la hora de tomar decisiones políticas y no dejarse embaucar por un powerpoint lleno de promesas indemostrables, que es lo único que ha presentado la empresa.
Es una técnica ya habitual implantar instalaciones industriales en el mundo rural ignorando los deseos y auténticas necesidades de los pueblos afectados que son los que van a sufrir las posibles afecciones ambientales (ruido, olores, contaminación y alto consumo de agua) derivadas de estas industrias. Especialmente en Guadalajara, que ya ha pagado y sigue pagando un alto precio en forma de nucleares, minas a cielo abierto, macro plantas de renovables y ahora de biogás.
Desde la Plataforma Stop Biogás Alcarria en Guadalajara reclaman democratizar la transición energética, que los ciudadanos estemos en el centro del proceso opinando y gestionando nuestros territorios a través de las administraciones locales y asociaciones ciudadanas. Desde la Plataforma STOP BIOGAS ALCARRIA en Guadalajara reclamamos información, transparencia y respeto por el mundo rural y sus habitantes.
