El pasado mes de abril desde la plataforma ALIENTE en Guadalajara presentaba un mapa de la expansión de megaproyectos fotovoltaicos en la provincia que mostraba una extensión de unas 7627 hectáreas ocupadas, una situación extremadamente preocupante ya en ese momento, máxime teniendo en cuenta que se trata de una primera fase que finalizará en 2050. De hecho, la situación lejos de estabilizarse se ha acelerado. En los últimos dos meses la extensión afectada por estos megaproyectos ha aumentado hasta las 11.839 hectáreas (equivalente a 16.575 campos de fútbol), y más de 1.200 kilómetros lineales de zonas valladas.
La situación en la Campiña es extrema. Y es que el paradigma de este movimiento hiperexpansivo es la Campiña, donde entre mayo y junio, han salido a información pública proyectos que cubren una extensión de 3.428 hectáreas. Estos nuevos proyectos se suman a las 3.408 hectáreas que ya estaban en trámite en abril, suponiendo un aumento de más del 100%. Estamos hablando de una extensión total, solamente en esta comarca, de 6.836 hectáreas, que son equivalentes, nada más y nada menos, que a los términos municipales de Azuqueca, Alovera y Marchamalo juntos.
La provincia de Guadalajara contabiliza hoy más de 70 proyectos fotovoltaicos. En muchos de ellos se está incluyendo la solicitud de declaración como “instalación de interés público”, lo que podría facilitar expropiaciones forzosas a los propietarios de los terrenos que no quisieran ceder sus tierras para los megaproyectos o para las líneas de alta tensión, conocidas como vías de evacuación. Estas llegan a tener hasta 75 kilómetros desde las megaplantas hasta los nodos de conexión, que normalmente se encuentran en la comunidad de Madrid.
Desde ALIENTE en Guadalajara quieren recordar que otro modelo es posible: un modelo distribuido, más racional, que impulse el ahorro y la eficiencia energética, y que apueste decididamente por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las plantas de mediano y pequeño tamaño para acercar así la producción de energía a los puntos de consumo. Un modelo ordenado que determine previamente los territorios susceptibles de acoger las grandes plantas que inevitablemente haya que construir. Un modelo planificado con criterios científicos y consensuado con los agentes sociales del territorio, para evitar que sean las grandes compañías eléctricas las que decidan en exclusiva la ubicación de las plantas a gran escala en función de sus propios intereses. En definitiva, un modelo que beneficie a las personas y a los territorios.
