ALIENTE PROPONE que las placas se distribuyan en un 50% aproximado sobre suelos ya construidos e industriales y el resto se distribuya en zonas ya muy impactadas por la actividad humana y de escaso valor ambiental (minas de carbón, vertederos, escombreras, invernaderos, infraestructuras viarias, autovías, vías de ferrocarril, canales).
El Reglamento Europeo del 22 de diciembre de 2022(2) y del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania (3) (que se debate en el Congreso el día 24), pueden suponer un retroceso en la protección ambiental y un recorte de los derechos de participación e información ciudadana.
Siguiendo una estrategia impulsada por Europa para acortar el tiempo de los procedimientos administrativos, los proyectos de renovables, independientemente de su tamaño y potencia instalada, pueden quedar exentos de evaluación de impacto ambiental. Sólo se mantienen los procedimientos garantistas de evaluación hasta ahora en vigor (Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental), en los espacios naturales bajo una figura de protección ambiental, la Red Natura 2000, el medio marino y las líneas de alta tensión mayores de 15 kms.
El resto del territorio (incluidos campos de cultivo, montes, etc.) se abre a la invasión de megaproyectos de renovables, cuando las evidencias científicas demuestran que hay muchas zonas de alto valor ambiental y paisajístico que no se encuentran bajo el amparo de una figura oficial de protección. Un estudio del CSIC (2023) demuestra, por ejemplo, que la RN2000 resulta insuficiente para la conservación de la biodiversidad de aves esteparias: el 55,8% de su hábitat se encuentra FUERA de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). La avalancha de proyectos fotovoltaicas supone una vuelta de tuerca sobre la precaria situación de la biodiversidad.
Numerosas voces se están alzando en contra de estas medidas, que dan luz verde a la instalación por la vía rápida de numerosos proyectos de renovables a gran escala por todo el territorio nacional, que pueden ser aprobados sin más control que el informe redactado por las propias empresas fotovoltaicas. Se eliminan trámites de control ambiental y se limita el acceso a la información pública y la posibilidad de participación de la sociedad civil. De esta manera, se ocultan aún más esos grandes proyectos haciendo imposible que ayuntamientos, agentes sociales y ciudadanos los conozcan y, mucho menos, que puedan presentar alegaciones. Estas nuevas medidas recortan la protección ambiental de la legislación vigente, eliminan la participación ciudadana y atentan contra la autonomía de los municipios. También retuercen el concepto de interés público al conceder a los proyectos esa consideración para facilitar las expropiaciones masivas, a beneficio de las grandes eléctricas que luego venden su cartera de renovables a fondos de inversión.
EL ENORME DAÑO QUE SE VA A INFRINGIR A LA BIODIVERSIDAD Y AL MUNDO RURAL ES INNECESARIO Y FRUTO DE LA FALTA DE PLANIFICACIÓN: HAY ALTERNATIVAS. Se señalan en el reciente estudio del Observatorio de Sostenibilidad para ALIENTE (1). Es posible situar hasta 10 veces la producción fotovoltaica planificada en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) con un mínimo impacto ambiental situando las plantas en zonas ya artificiales. ALIENTE PROPONE que las placas se distribuyan en el 50% aproximado sobre suelos ya construidos e industriales y el resto en zonas ya muy impactadas por la actividad humana y de escaso valor ambiental. En España hay disponibles más de 300 mil hectáreas en tejados, zonas industriales, vertederos, escombreras, minas abandonadas, zonas aledañas a las infraestructuras de autovías, autopistas y vías férreas, canales al aire libre e invernaderos ya consolidados, donde se podrían instalar placas solares. Si a esta superficie se le añaden las fachadas, nos encontramos con que sobra potencial para la producción de energías renovables con el mínimo impacto.
No tiene ningún sentido y es totalmente insostenible la actual política de instalar paneles solares en campos de cultivos y ecosistemas forestales.
Sería imprescindible una planificación adecuada buscando un impacto ambiental mínimo para conseguir una transición energética justa, que beneficie a todos y que no dañe el medio natural.
