El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara, con el presidente José Luis Vega a la cabeza, han votado en contra de la propuesta del Grupo Popular que pedía la supresión del canon del agua, el nuevo impuesto al agua aprobado por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page. De esta forma, el gobierno socialista de la Diputación se ha mostrado a favor de este nuevo “impuestazo” del que el Grupo Popular se ha mostrado en contra.
En la moción debatida en el Pleno celebrado este viernes, que se ha debatido conjuntamente con otra del Grupo Vox en la misma línea, el portavoz del Grupo Popular, Román García, propuso que el Pleno de la institución provincial solicitara a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla- La Mancha que lleven a cabo cuantas medias sean oportunas para proceder a la derogación definitiva del llamado canon medioambiental (DMA), mediante las oportunas iniciativas legislativas. Del mismo modo, en los acuerdos se incluía solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha la retirada del proyecto de Ley de Acompañamiento a la ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, de todos aquellos preceptos que restablecen o imponen de nuevo el canon medioambiental (DMA).
Pero los diputados provinciales del PSOE votaron en contra de la derogación de este impuesto, a pesar de que “no es cierto que sea un impuesto obligatorio” como alegan. Es un argumento que carece de rigor porque se dice que es una imposición de Europa, como consecuencia de la Directiva Marco del Agua pero, si fuera así, este impuesto se habría tenido que aprobar hace 24 años, ya que la Directiva Marco del Agua data del año 2000. Además, hay otras comunidades autónomas en las que este impuesto no existe.
El portavoz popular expuso que este impuesto pretende “pura y simplemente aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos, no sólo incrementando el tipo de gravamen de los cánones existentes, sino creando un nuevo impuesto que se cobrará indiscriminadamente a todos los ciudadanos, con independencia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es quien lo impone y lo va a cobrar, abastezca o no, y depure o no sus aguas”. Por otra parte, añadió durante la defensa de la moción, “el nuevo marco tributario introducido, no solo supone tener que pagar las subidas de los cánones de aducción y de depuración -de más del 30% en conjunto desde 2022-, sino que además establece la obligación de tener que pagar una nueva factura por el nuevo impuesto aprobado, y cuya recaudación inicial estimada sería de más de 38 millones de euros anuales –si bien podría aumentar- que, junto con las subidas de los cánones de aducción y depuración, incrementará la recaudación más de 76 millones de euros anuales”. Más de 33 euros por habitante y año en su conjunto, de los que más de 18 corresponderán al nuevo impuesto, dicho de otro modo, el nuevo impuesto duplicará lo pagado por habitante y año por los conceptos de aducción y depuración al tener que añadir a la factura el nuevo impuesto al agua o Canon DMA.
Así las cosas, y tal y como figuraba en el texto de la moción, los ayuntamientos también van a tener que pagar, no sólo por los consumos municipales, sino también por las pérdidas de agua en las redes, así como la subida del precio de los consumos municipales destinados a parques, jardines, instalaciones deportivas y otros servicios municipales, y cuyo coste tendrá que ser repercutido en los vecinos.
En resumen, “nuevas cargas tributarias que supondrán una nueva dificultad injustificada para los municipios y sus vecinos en detrimento de la realización de nuevas inversiones o prestación de servicios”, apuntó García.
