Los ediles de la formación denunciaron de nuevo la situación en la que se encuentra el Departamento de Policía Local e insistieron en la necesidad de adoptar medidas para combatir los efectos del cambio climático.
En la sesión plenaria celebrada en la tarde de ayer, la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida denunció una vez más, la situación que atraviesa el Cuerpo de Policía Local al no percibir las retribuciones acordadas por los servicios extraordinarios prestados.
Pérez señaló al Gobierno municipal de responsable al incumplir las condiciones pactadas y lamentó la intervención del señor Pinillos, edil de Derechos y Libertades que, lejos de debatir la moción y rendir cuentas como responsable del área que es, sermoneó a todos para cubrir así su turno de palabra, sin proponer ninguna solución.
La portavoz resaltó la excelente actuación de los agentes durante las fiestas de San Isidro, en los servicios de proximidad y en cualquier otra intervención en la que destacó la profesionalidad y el compromiso que tienen con la ciudadanía. Por ello, interpeló al señor Alcalde para que se comprometiese allí mismo a buscar una solución urgente al problema porque la seguridad del municipio estaba en riesgo y los derechos laborales del colectivo no debían seguir siendo vulnerados.
José Luis Blanco se comprometía así a plasmar en la propia moción que la jornada laboral de la Policía Local debía ser considerada diferente por su especial dificultad, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad, penosidad y especial dedicación y a abonar durante la primera quincena del mes de julio de 2022 casi la totalidad de las cuantías adeudadas al departamento por los servicios extraordinarios prestados.
María José Pérez finalizó exigiéndole al señor Alcalde el cumplimiento íntegro de esos acuerdos.
Por otro lado, Rodrigo Vasco, defendía la moción con la que adoptar medidas por parte del Ayuntamiento para paliar los efectos del cambio climático. Vasco, en una intervención magistral, hizo hincapié en si bien, el cambio climático es un efecto global, sus impactos son locales y son las Administraciones la que deben poner freno a ello de manera urgente.
En otro orden de cosas, Edgar Fernández San José, edil también de la formación, hizo que el grupo Ciudadanos retirara su moción ya que estaba exigiendo una serie de medidas a la Administración equivocada, ya que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no la Administración Local, la titular de los centros educativos. Si bien es cierto que el Ayuntamiento ha asumido competencias impropias, señalaba Fernández, es al Gobierno regional al que hay que instar para que cumplan con sus obligaciones.
Por último, los ediles acusaron al Gobierno municipal de ser unos pésimos gestores al llevar a Pleno, continuos levantamientos de reparos para abonar gastos por insuficiencia o inadecuación de créditos e incluso para poder abonar los servicios extraordinarios realizados por trabajadores y trabajadoras del Departamento de vías y obras, de deportes e incluso de los planes de empleo. María José Pérez, afirmó que esos colectivos debían haber cobrado de inmediato y no esperar meses para hacerlo, y desde luego, no sobre la base de una posible ilegalidad como es un reparo por parte de la Intervención municipal. Finalizó de nuevo, advirtiendo que reparos de Intervención continuos y no atendidos debidamente, pueden ser objeto de presunto delito de prevaricación tal y como indica el Tribunal Supremo en algunas sentencias.
