La Asociación para la defensa del Paisaje Protegido Río Ungría (ADEPRU) y Ecologistas en Acción critican que la Junta prima los intereses de las fotovoltaicas en la declaración de paisaje protegido del Valle del Río Ungría y denuncian que no se han tenido en consideración ninguna de las alegaciones presentadas por estas organizaciones y algunos ayuntamientos.
ADEPRU y Ecologistas en Acción, tal y como señalan en un comunicado de prensa, llevan denunciando este atropello desde que las empresas fotovoltaicas se interesaron por terrenos incluidos dentro del perímetro inicial del proyecto de Paisaje Protegido definido en el año 2017, tras ser consensuado por los agentes sociales y municipios afectados. Desde entonces, la Junta, con el Consejero de Desarrollo Sostenible al frente, ha modificado drásticamente aquel perímetro con el propósito de que las empresas fotovoltaicas puedan implantarse donde más les interese económicamente, sin contar con los municipios perjudicados, pervirtiendo los principios básicos de participación pública en este tipo de procedimientos.
Las irregularidades de este penoso proceso, exponen, desde el inicio de la Declaración de Paisaje Protegido Valle del Río Ungría (octubre de 2017), se podrían resumir así:
A lo largo del año 2019, ante la lamentable falta de planificación territorial de la Junta de Castilla-La Mancha, comienza la burbuja especulativa de la energía fotovoltaica. Las empresas captadoras de suelo de Iberdrola, Euder (después, Bessel Solar), Vita Energy e Ignis Solar empiezan a interesarse por los terrenos adyacentes a la subestación eléctrica de Fuentes de la Alcarria. La falta de acuerdo económico con los propietarios provoca que desvíen su atención hacia zonas más alejadas, ya incluidas dentro del futuro Paisaje Protegido, de mayor calidad paisajística y ambiental.
La presión de estas empresas (en particular de Iberdrola que gestiona el nudo Fuentes) y de los fondos de inversión asociados a ellas, supuestamente habría llegado hasta los estamentos superiores del gobierno de la Junta para que estos terrenos quedaran desprotegidos en el futuro Paisaje Protegido. De esta forma, en febrero de 2020, las Consejerías responsables habrían encargado un Estudio Paisajístico de la zona con la pauta de justificar el recorte de superficie y la desprotección del páramo que interesaba a las compañías. Todo ello a espaldas de los municipios afectados, ocultándolo desde febrero hasta septiembre de 2020, con una falta de trasparencia propia de la España del XIX. El Estudio cambiaba el objetivo de la protección (ahora sólo las zonas forestales y el fondo del valle) contradiciendo los estudios ambientales que previamente había realizado la Universidad de Alcalá (2011) y que insistían en proteger el páramo como elemento consustancial del paisaje alcarreño. Técnicos independientes y de otras universidades que han asesorado en las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Caspueñas en el procedimiento de participación pública concluyeron que dicho Estudio en absoluto justificaba tal modificación por carecer del rigor técnico necesario y no estar validado por el más mínimo estudio de campo.
Existen indicios de que, presuntamente, mientras los ayuntamientos perjudicados y los agentes sociales implicados desconocían el cambio previsto, las empresas fotovoltaicas y sus captadores de terrenos, meses antes de que la Junta publicase el texto del Estudio Paisajístico, ya sabían que su contenido les favorecía y que tenían vía libre para tramitar tres proyectos de plantas fotovoltaicas. De demostrarse tales indicios, podríamos estar ante un caso de información privilegiada u otros tipos penales en los que podrían estar implicados los actores participantes en el procedimiento. La Asociación para la defensa del Paisaje Protegido Río Ungría (ADEPRU) ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado (Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo) que ha abierto un Expediente Gubernativo a la Junta de Comunidades al objeto de investigar y esclarecer las posibles responsabilidades.
Las empresas, al parecer conocedoras de la predisposición de la Junta, han seguido firmando contratos de arrendamientos, incluso pagado señales a los propietarios, están tramitado las autorizaciones, tanto autonómicas como municipales, de las plantas fotovoltaicas localizadas en el espacio inicialmente protegido, y se ha admitido que presenten fragmentada su Evaluación de Impacto Ambiental.
El Proyecto de Declaración de Paisaje Protegido publicado por la Junta el pasado 8 de junio viene a confirmar las expectativas de las empresas, porque, lejos de recoger las alegaciones presentadas por Alcaldes, Ecologistas en Acción y Adepru en octubre, persiste en el recorte del perímetro y, sobre todo, ajusta los usos a las necesidades constructivas de las empresas productoras de energía (Anexos 1 y 2).
Desde ADEPRU y Ecologistas en Acción de Guadalajara queremos denunciar lo que podría ser un proceder irregular y arbitrario de la Junta, tanto de sus cargos políticos como de sus técnicos, así como la falta de respaldo mostrada a los pequeños ayuntamientos afectados por esta injusticia. Ni las agencias ADAC y FADETA, ni los políticos de los distintos partidos, informados desde el verano de 2020, han querido saber nada.
Cabe preguntarse qué intereses han intervenido para consentir este despropósito. Quizá lo sepamos en unos años, siguiendo las puertas giratorias. Hoy por hoy, la única conclusión que se puede extraer es que, en política de Desarrollo Sostenible, al Gobierno de Castilla-La Mancha le resulta más rentable supeditar el medioambiente a los intereses energéticos. Probablemente porque es fácil obtener réditos políticos con la bandera de las energías renovables y el anuncio de puestos de trabajo a corto plazo, a costa de pequeños municipios de la España Vaciada cuyos recursos ambientales y paisajísticos son sacrificados para obtener votos en las grandes poblaciones donde se ganan los comicios. ¿Qué le pueden importar al actual Gobierno de la Junta los 100 votos de los vecinos de un pueblo perdido de la Alcarria, únicos sufridores del atropello que se está cometiendo en este procedimiento? ¿Qué le importa el consenso de los agentes sociales en este tipo de municipios? ¿Qué le importa la transparencia del procedimiento? ¿Qué le importa el brutal impacto de estos proyectos sobre los factores ambientales y la pérdida de biodiversidad de un espacio merecedor de la máxima protección? ¿Qué le importa el verdadero desarrollo sostenible a partir de la agricultura y la puesta en valor de los recursos paisajísticos y ambientales de la zona? ¿Qué le importa si dentro de quince años la energía fotovoltaica no es rentable, se abandonan estas instalaciones y si miles de paneles solares se pueden reciclar o no? ¿Qué le importa la ordenación territorial y la planificación socioeconómica de estos pueblos insignificantes?
