“Vox no apoyará un pacto ideológico por la respuesta social a la crisis derivada del Covid-19 en Guadalajara firmado e impuesto por el equipo de Gobierno socialista y de Ciudadanos porque no representa a todos los colectivos vulnerables de la ciudad y es discriminatorio”. Así de rotundo se ha mostrado este martes el portavoz de Vox, Antonio de Miguel, al término de la segunda reunión del Pacto por la Recuperación Económica y Social de Guadalajara, en la que el representante de la formación también ha calificado el nuevo borrador económico presentado como “insuficiente porque no ataca el gran problema y no compensa los daños de una forma significativa, sobre todo a los autónomos de nuestra ciudad”.
En lo que concierne al Pacto por la Respuesta Social, Vox había solicitado a la mesa la incorporación de “otras asociaciones que están realizando un trabajo excepcional en la ciudad de Guadalajara con su ayuda directa y de emergencia a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión por razones socioeconómicas, afectadas por la crisis del Covid-19 como es el caso de las mujeres embarazadas a través de RedMadre”, según relata Antonio de Miguel.
Para el portavoz de Vox, “parece discriminatorio e incoherente que esta asociación, que tanto está haciendo por las mujeres guadalajareñas en estos momentos, llenándoles sus frigoríficos y sus armarios de ropa, no reciban ninguna ayuda cuando ahora mismo se encuentran sin recursos propios”.
De Miguel resalta que “RedMadre realiza una labor encomiable a través de sus programas de asistencia a mujeres embarazadas y madres en dificultades que necesitan apoyo, garantizándoles una ayuda estable por el tiempo que sea necesario. Esas mujeres también han sufrido y están sufriendo las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus”.
Por todo ello, Antonio de Miguel se ha mostrado contundente en la mesa al afirmar que “Vox no puede suscribir este pacto por la respuesta social si RedMadre no está entre los beneficiados de esas ayudas y recursos”, al igual que también se desmarca de este “pacto ideológico impuesto por PSOE y Ciudadanos mientras se mantengan las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo y no se dedican esos fondos exclusivamente a la recuperación social y económica de la ciudad de Guadalajara y a sus vecinos”.
Como alternativa, el representante de Vox propuso “abordar medidas específicas de apoyo local que hagan frente a las situaciones de emergencia de muchas familias guadalajareñas que necesitan urgentemente ser ayudadas y paliar las situaciones tan dramáticas con las que tienen que sortear el día a día y dotarles de recursos de subsistencia frente a los cambios exigidos por la situación de excepcionalidad por el Covid-19”.
“Un pacto insuficiente en materia económica, que no compensa los daños”
Por otro lado, y en materia económica, De Miguel se ha reafirmado en lo expuesto tras la primera reunión y considera el borrador como “insuficiente” al entender que “no compensa los daños de una forma significativa” y que “se necesitan fondos directos a la causa, al impacto, y concretado y especificado por sectores”.
El portavoz de Vox considera que “las ayudas son insuficientes para los autónomos porque con 1.500 euros no llegan ni para cubrir la mitad de los gastos reales de un solo mes, estando obligados los solicitantes a mantener la actividad durante todo el año para evitar sanciones”.
En la mesa del pacto Antonio de Miguel ha incidido en la necesidad de “poner en marcha un plan para el estímulo del consumo en la ciudad con el objetivo de ayudar a los sectores del comercio, hostelería, servicios e industria de Guadalajara” al tiempo que ha vuelto a insistir en señalar que “el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo para potenciar e incrementar lazos con los colegios oficiales de nuestra ciudad para que sean agentes implicados en el proceso de reconstrucción social y económica de Guadalajara”.
De igual forma, Vox se ha mostrado partidario de “incorporar a los clubes deportivos y asociaciones en este plan de ayudas” citando, a modo de ejemplo, “la posibilidad de abaratar los costes por el uso de las instalaciones deportivas”.
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